Con la reapertura de los negocios durante la desescalada, los consumidores y usuarios se han encontrado con una desagradable sorpresa en forma de impuesto extra por servicios. Se trata del llamado «suplemento Covid», una tasa de hasta 60 euros por gastos extraordinarios en desinfección de tiendas, talleres de coches, peluquerías o clínicas dentales. Pero, ¿es legal?
Esta es la pregunta que se hacen muchas personas al recibir el mazazo en su factura al pagar, y según Legálitas, esta tasa es legal siempre que se avise al consumidor de antemano mediante cartelería u otros medios. Es decir, estos importes se deben especificar mediante indicación expresa de la cantidad y aplicar en todas las circunstancias por igual.
Pero según la Organización de Consumidores OCU, «si al cliente se le hubiera intentado cobrar sin haber sido advertido, podrá rechazarlo y denunciarlo ante el organismo de consumo competente, ya sea municipal o autonómico». Este organismo reconoce que el importe puede ser exagerado, pero es legal, siempre que haya consentimiento expreso del cliente.
Sin embargo, otro organismo de consumidores y usuarios, Facua, advierte que el «suplemento Covid» no se ajusta a la normativa y denuncian que cobrar en un bar un recargo para paliar los costes de limpieza del local «es tan ilícito como que antes de la pandemia cobrasen por limpiar la mesa o por el hecho de los camareros lleven uniforme».
También en esta línea, la OCU avisa de que algunas terrazas están introduciendo nuevas disposiciones como fijar un consumo mínimo o establecer un tiempo de permanencia, y cree que también son prácticas legales siempre que se informe a los clientes, pero dice que lo que no es legal es ampliar el espacio a costa de quitar superficie de acera a los peatones.
Las primeras denuncias por el pago extra en algunos servicios llegaron justo con la reapertura de algunos negocios en la fase 1 para los comunidades más avanzadas, en particular Baleares, donde algunos clientes se quejaron por el cobro del «suplemento Covid» en clínicas dentales.
Subidas en los colegios
Pero la cosa no se acaba en comercios y bares. Desde Legálitas avisan que hay colegios privados y concertados que están anunciando su intención de subir las tarifas el próximo curso escolar para poder hacer frente a gastos adicionales como la desinfección diaria intensiva de las aulas y la distribución de mobiliario para cumplir con la distancia de seguridad.
En el caso de los colegios privados y concertados, las organizaciones de consumidores coinciden en que los centros y las familias tienen una relación contractual, y por lo tanto podría ser legal que las mensualidades aumentaran siempre que estén indicadas correctamente con antelación. En ese caso, los padres pueden decidir si continuar o no con el contrato de la educación de sus hijos en dicho centro.