José Luis Escrivá durante una rueda de prensa

Error de cálculo del Gobierno: La renta mínima llegará a menos hogares de los previstos

Finalmente serán las comunidades autónomas las que complementen las ayudas fijadas por el Estado en el decreto ley

Ante la debacle por el confinamiento y el parón económico a raíz del Coronavirus, el Gobierno ha acelerado la puesta en marcha de la renta mínima vital, que estaba prevista de aquí a un año pero se aprobará a finales de este mes. Pero las prisas no son buenas compañeras y las previsiones  de los hogares a los que llegará la ayuda pueden verse alteradas.

Porque inicialmente el Gobierno pensó que sería el Estado quién administraría la ayudas, y que estas tendrían un carácter estatal y universal  para cualquier persona residente en el territorio nacional que cumpla con los requisitos. 

Sin embargo, y ante la ausencia de un marco legal previo, el  ministerio de Seguridad Social  ha tenido que plagiar la ley más completa que existe hasta la fecha, que es la del País Vasco, y la previsión inicial se ha reducido drásticamente de modo que al final las unidades familiares beneficiarias serán un tercio menos del millón previsto.

Finalmente serán los gobierno autonómicos los que complementen la prestación, cuyo pagador será el  Instituto Nacional de la Seguridad Social. En este nuevo contexto, el ingreso mínimo vital llegará a 325.000 familias en 2020 y no a un millón, como se preveía. Una cifra, en todo caso, que coincido con los hogares de residentes en España que a día de hoy cobran esta prestación de las comunidades autónomas.

Las familias que hoy en día perciben esta ayuda autonómica, 294.000 hogares, la solicitarán al Estado a través de los Centros de Atención e Información del Instituto de la Seguridad Social (CAISS). El Gobierno, que no puede negarse a su pago, las concederá con una cuantía mínima y la comunidad autónoma donde residen la complementará si la norma prevé cuantías superiores.

Pero es difícil que suceda porque el Estado prevé en el decreto ley que aprobará a finales de mayo una renta máxima de 462 euros por persona, que va aumentando las cuantías en función de los miembros de la unidad familiar hasta llegar a los 1.015 euros por hogar, frente a una cuantía media mínima que abonan ahora las comunidades, que va de 463 euros a 774.

A la práctica, lo que sucederá es que habrá un trasvase del gasto de los Gobiernos central y autonómico, y por lo tanto no se ampliará mucho el espectro de hogares que ahora ya reciben una ayuda de su comunidad. Los gobiernos regionales destinan en estos momentos 2.900 millones para esta prestación, algo similar a lo que prevé el departamento de Seguridad Social según su propio titular, José Luis Escrivá:  entre 3.000 y 3.500 millones