El terremoto en la política nacional que ha supuesto la crisis del Coronavirus ha llevado a un cambio de alianzas que altera el espíritu inicial de la legislatura. Sin embargo, quedaba por ver si se trata de algo puntual o si puede condicionar el futuro de la política en España, y la prueba de fuego son los Presupuestos Generales del Estado.
El último movimiento de Sánchez no deja lugar a dudas: PSOE y Ciudadanos reafirman su alianza con vista a los presupuestos. Se confirma así la recolocación de las piezas en el tablero político tras el giro de Ciudadanos del centro-derecha al centro-izquierda.
La negociación de las enmiendas para la votación en el Congreso de las conclusiones de la comisión de reconstrucción confirma la expectativa de un acuerdo entre PSOE, PP y Ciudadanos. Aunque sea sobre temas genéricos, el acuerdo es importante porque cuando se puso en marcha esta comisión parlamentaria parecía imensable.
En el ámbito económico, la aproximación entre PSOE y Ciudadanos también ha servido para animar el acercamiento del principal partido de la oposición, con importantes matices. Ahora, el principal obstáculo es Podemos y su empeño en marcar terreno en un momento especialmente crítico para la supervivencia de la formación morada.
En políticas sociales, el veto del Gobierno a las ayudas para las escuelas concentradas en el marco de la crisis causada por la pandemia alejan a PP y Ciudadanos del PSOE. Pero por otro lado, el desgaste de Pablo Iglesias por sus problemas judiciales debilitan su posición en el Ejecutivo y abre la puerta a nuevas alianzas en la fase final de la negociación.
El Gobierno sabe que vienen meses muy duros. Los Presupuestos Generales del Estado tienen que llegar al parlamento, como fecha tope, el 30 de septiembre. Esta es la misma fecha en la que acabarán los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), tras lo cual se prevé una avalancha de despidos.
A la subida del paro se le suman las exigencias de austeridad y duros recortes que ya están empezando a llegar desde Bruselas, y que tarde o temprano obligarán a tocar las pensiones y el empleo. Con este panorama, Pedro Sánchez estaría buscando aliados más sólidos con los que presentarse en Europa y hacer frente a la presumible oleada de descontento popular.
La lógica dice que el PP es la alternativa de Gobierno y no debería aprobar los presupuestos, pero estos se negociarán en una situación excepcional. Las necesidades del tejido empresarial y la posición comunitaria condicionarán la decisión final del partido de Pablo Casado.
En Génova cierran filas en torno a la decisión de la cúpula, pero si Sánchez presenta unos presupuestos moderados para ganarse el apoyo de Ciudadanos, los populares prevén grandes dificultades para justificar su «no» de cara al público. Esto podría complicar la posición del PP, que ya ha corrido muchos riesgos oponiéndose al estado de alarma.
El Gobierno de coalición se tambalea
El horizonte se complica aún más para Unidas Podemos. Si las investigaciones avanzan, el Congreso podría tener que votar después del verano el suplicatorio del Supremo para retirar la calidad de aforado a Pablo Iglesias.
Las consecuencias de eso son impredecibles, pero pondría a Sánchez en una posición difícil y complicaría mucho la continuidad de Iglesias como vicepresidente. Por mucho que este intente mostrarse como víctima de las cloacas del Estado, sabe que el Gobierno de coalición pende de un hilo.
Mientras, Ciudadanos mantiene abierta la línea de diálogo con el Gobierno y su estrategia a corto y medio plazo es sabotear la alianza de Sánchez con Podemos e independentistas. En esa línea, quiere utilizar su apoyo a los presupuestos para forzar el retraso de la mesa de partidos después de las elecciones en Cataluña e ir recortando la influencia de ERC.
Con este panorama, lo más probable ahora mismo es que cuando el Gobierno de coalición ponga en marcha la tramitación de los presupuestos de 2021, estos obtengan el voto afirmativo de Ciudadanos, el voto en contra de ERC y la abstención del PP. Esto permitiría aprobar las cuentas, pero cambiaría el futuro político de España definitivamente.