Yolanda Díaz es uno de los nombres propios de la semana. La anunciada dimisión de Pablo Iglesias como vicepresidente segundo del Gobierno fue acompañada, por parte del secretario general de Podemos, de la propuesta de erigir a Díaz como nueva vicepresidenta del ejecutivo. Además, Iglesias apuntó a la ministra de Trabajo como futura cabeza de lista de Unidas Podemos en las próximas elecciones generales. Yolanda Díaz, que a lo largo de los últimos meses, y puesto que la crisis sanitaria ha acarreado consecuencias en el plano laboral, social y económico, ha acumulado grandes cuotas de popularidad, va a convertirse en las próximas semanas en la nueva vicepresidenta tercera del Gobierno español y conservará la cartera de Trabajo.
Díaz, ante el mayor reto de su ministerio
En paralelo, Díaz está a punto de enfrentarse al mayor reto que ha tenido sobre la mesa desde que fue nombrada ministra, hace ya catorce meses. Se trata de una materia ampliamente reivindicada por los sindicatos y cuyo debate se ha ido postergando en el inicio de la legislatura: la mesa de negociación para derogar, sea total o parcialmente, la reforma laboral impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy, en la etapa anterior del Partido Popular. En el primer Gobierno de Pedro Sánchez, la entonces Ministra de Trabajo Magdalena Valerio negoció con sindicatos y patronal las líneas maestras de dicha reforma, pero lo cierto es que el cambio en el ministerio y la irrupción de la pandemia han congelado, hasta día de hoy, los avances en este sentido.
Pero este miércoles, 17 de marzo, la carpeta se reabre. El secretario de Estado de Empleo —el número dos de Díaz, Joaquín Pérez Rey—, constituye hoy la mesa, de la que formarán parte, además del Gobierno central, los sindicatos CCOO, UGT, USO y CSIF; además de las patronales CEOE y Cepyme. Aunque Díaz quería prolongar aún más la espera para abordar la cuestión, la presión de los sindicatos, con movilizaciones en las calles, ha provocado que, finalmente, haya dado su brazo a torcer y haya apostado por comenzar ya a tratar esta materia.
Lo que hoy empieza es una mesa de negociación, por lo que nos encontramos en el punto de partida de la operación. El desarrollo de las reuniones que tengan lugar en el marco de esta mesa va a perfilar la índole de la derogación de la reforma laboral: en concreto, si va a ser una reforma total —algo que queda ya prácticamente descartado— o una reforma parcial y en qué grado. Incluso cabe no descartar que no cambie nada: un bloqueo o una ruptura de las conversaciones pueden suscitar que, a falta de consenso, la presente legislación laboral siga en pie literalmente.
Las cuatro medidas rápidas que exigen los sindicatos
Pero, ¿cómo empiezan las negociaciones? Hace dos legislaturas, con la ministra Valerio al frente, los sindicatos ya plantearon una primera fase de la reforma con carácter urgente, con cuatro medidas de 'aplicación rápida'. Ahora, quieren pactar con la ministra Díaz estas mismas medidas, pero primero deberán intentar convencer a unas patronales que no las ven con buenos ojos. Es en este punto donde los sindicatos se plantan: exigen a la ministra que actúe de forma unilateral, ignorando la postura de los sindicatos, y aplique estas medidas urgentes, que consideran ya acordadas con el Gobierno socialista anterior.
Pero Díaz, que se ha ganado la fama como generadora de consensos en su departamento, pondrá el foco en primer lugar en tratar de buscar el acuerdo con la CEOE y Cepyme. En cualquier caso, ¿cuáles son las cuatro exigencias urgentes de los sindicatos que probablemente tengan una rápida apliación en las próximas semanas?
1. Recuperar la ultraactividad indefinida de los convenios colectivos
La ultraactividad indefinida es la capacidad de un convenio colectivo de no decaer en caso de que no se renueve y no se llegue a ningún nuevo acuerdo por la vía de la negociación colectiva. La reforma laboral del PP propicia su caída en estas en situaciones, lo que desprotege al trabajador, según los sindicatos, que proponen revertir de inmediato esta situación.
2. Prevalencia del convenio sectorial ante el de la empresa
Actualmente, vigentes las reformas formuladas por el PP, las condiciones de trabajo fruto de un convenio con la empresa tienen prioridad ante el convenio sectorial, ya sea estatal, autonómico o de ámbito inferior. Con esta medida, los trabajadores podrán acogerse a los derechos que prevé el convenio de su sector sin prevalencia del que mantengan con su empresa.
3. Limitar la subcontratación
En uno de las propuestas que más roces genera con las organizaciones patronales, se pretende que la posibilidad de una empresa de subcontratar se limite a aquellos servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa. De esta forma, las empresas ya no podrán subcontratar por actividades de la propia índole de la corporación.
4. Limitar las modificaciones laborales sustanciales
Con la legislación laboral en vigor, el empresario puede cambiar de manera unilateral y permanente las condiciones laborales del trabajador establecidas en el contrato, siempre que se respete el convenio colectivo. Los sindicatos pretenden eliminar esta facultad por parte de los empresarios, de forma que no puedan modificar sustancialmente las condiciones laborales.
Pero además de estos cuatro elementos, que se quiere que sean de rápida aplicación —antes del verano—, se quiere ir más allá en una segunda fase de las negociaciones, que aproximen las decisiones del Gobierno a una derogación que a una simple reforma de la reforma laboral, valga la redundancia. Dentro de esta siguiente fase se abordarán más medidas en las que Yolanda Díaz deberá demostrar su capacidad negociadora para poner de acuerdo, en un término medio, a sindicatos y a patronales. Un reto en dos tiempos sin duda mayúsculo para la futura vicepresidenta tercera.