La ley Celaá de reforma educativa sigue su curso en el Congreso con enmiendas importantes como la que pide ampliar la edad de enseñanza obligatoria en España hasta los 18 años. Se reabre así un debate espinoso en nuestro país, uno de los que más abandono escolar tiene de la UE y donde el 17% de los jóvenes no sigue estudiando más allá de los 16.
Este hecho ha llevado a dos partidos tan opuestos como PP y Compromís a presentar una enmienda para que se amplíe la edad de la enseñanza obligatoria de los 16 a los 18 años y permitir una mayor y mejor formación para los jóvenes en España.
Compromís recuerda que en la Comunidad Valenciana el abandono escolar temprano supera el 40% y propone alargar el período de formación obligatoria hasta la mayoría de edad con oferta de itinerarios que incluya el aprendizaje en centro de trabajo y contratos de prácticas. El PP pide la extensión del concierto al Bachillerato para alargar la enseñanza básica hasta los 18.
Los partidos coinciden en la necesidad de ampliar y mejorar la formación de los jóvenes en España, pero la comunidad educativa se divide entre los partidarios de la receta del parlamento europeo para mejorar el nivel de la cualificación y los que prefieren retener a los alumnos en clase pero sin imposiciones.
El debate está abierto y las enmiendas que ahora piden la ampliación de la enseñanza obligatoria plantean una diversificación de la oferta para atraer los jóvenes a seguir estudiando después de los 16. La idea es no forzarles a estudiar sino ofrecerles opciones atractivas para reducir el abandono escolar temprano en España.
El Gobierno rechaza por ahora hacer valoraciones sobre las enmiendas, pero tienen claro que el debate va ligado al retraso de la edad de jubilación. Además, el cambio conlleva algunos inconvenientes. Fue el propio PSOE el que amplió la edad de los 14 a los 16 en 1990, y ya entonces hubo problemas para adaptar la didáctica al nuevo perfil del alumnado. Además para los profesores ha sido difícil retener a los mayores de 15 que no quieren estar en clase.
Ahora los socialistas tienen sus reservas sobre ampliar la obligación, entre otras cosas porque habría que habilitar 200.000 nuevas plazas de formación profesional y aumentarían los costes en plena crisis. Lo que sí contempla la ley Celáa es una universalización: «Las administraciones públicas promoverán que los alumnos y alumnas menores de edad que hayan superado los 16 años recibirán algún tipo de formación académica o profesional que puedan compatibilizar con su actividad laboral y que les permita continuar con su formación».
Adelantar el inicio obligatorio
Por su lado, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Joan Mena, se muestra partidario de abrir el debate de la ampliación y recuerda que es un modelo que ya se aplica en los países de nuestro entorno: «Yo estoy de acuerdo pero hay que centrar los esfuerzos en la etapa de cero a tres años». ERC plantea, en ese sentido, adelantar el inicio obligatorio a los tres en vez de a los seis.
Los expertos avisan que la universalización no garantiza las plazas a los que las necesitan, y recuerdan que en los países donde se ha aplicado la ampliación de la enseñanza obligatoria se ha reducido el abandono temprano. Portugal, que tenía unas cifras similares a España, se ha convertido en referente mundial después de la ampliación.
La propuesta de ampliar la educación básica a los 18 surgió en 2015 del profesor Francisco López Rupérez, de la Universidad Camilo José Cela, que estimaba una inversión de 1.000 millones de euros y preveía la reducción del abandono temprano en cuatro puntos porcentuales, el aumento de la ocupación juvenil y el crecimiento económico, al considerar que un año más en Bachillerato y FP produce un incremento del ingreso anual del individuo del 12%.