La noticia saltó hace unos días: España recibirá 140.000 millones de euros del fondo de recuperación europeo para la reconstrucción por la crisis del Coronavirus. Pero, como era previsible, estas ayudas europeas vienen con letras pequeña, y Pedro Sánchez ya sabe cuál es el precio a pagar para recibirlas y ha decidido tomar una drástica decisión sin precedentes.
Para convencer a la Comisión Europea de la solvencia de la economía española, el Gobierno presentará un plan de ajuste del gasto que incluye reformas en las pensiones y el mercado laboral, y cuyas principales medidas serán subir la edad de jubilación y flexibilizar el mercado de trabajo, algo que ya estaba en las propuestas de la Airef de 2019.
En esta línea, el Gobierno de Pedro Sánchez se prepara ahora para hacer malabarismo, ya que por un lado sus negociadores necesitan llevar propuestas drásticas a Bruselas para desbloquear las ayudas, y por otro lado, en Moncloa son conscientes que estas decisiones pueden comprometer la legislatura del gobierno de coalición con Unidas Podemos.
Pero sobre todo, en el Gobierno son conscientes de que los fondos europeos ayudarán a amortiguar los efectos de la crisis y esto conseguiría evitar nuevas elecciones. Por eso van a poner todo el empeño en ello, y para hacerlo necesitan mandar un mensaje de confianza que se podría lograr con un plan fundamentado en las prospecciones de Airef.
Esta agencia independiente que echó a andar después del rescate financiero estuvo dirigida por José Luis Escrivá, ahora ministro de Seguridad Social, al que la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, encargó una serie de «revisiones de gasto» que ahora servirán como líneas maestras para la propuesta española ante la Unión Europea.
Este plan pone el foco en el sistema público de pensiones, que con un déficit anual de 180.000 millones de euros se presenta como el principal ámbito en el que aplicar correctivos radicales para convencer a Bruselas. Así, el Gobierno de Pedro Sánchez planea incluir en el documento medidas que incluyen, entre otras, retrasar la edad de jubilación.
El plan de la Airef preveía endurecer los márgenes para las jubilaciones anticipadas, que se reducirían de manera draconiana y aumentaría la edad real de la jubilación, pasando de los 62 años actuales a los 64 y 65 en los próximos años. Además, a partir de 2022 se aumentará a más de 25 años el tiempo de cotización para calcular la pensión, lo que puede acarrear pensiones más bajas para la mayoría de los trabajadores.
Abaratamiento del despido
Lejos de la utópica derogación íntegra de la reforma laboral que han escenificado en los últimos días PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu, el plan de austeridad para convencer a Europa pasa por la flexibilización del mercado laboral que incluye la llamada «mochila austriaca», con un abaratamiento del despido del trabajador y ayudas más eficaces para la formación profesional.
El plan de ajuste podría superar los 10.000 millones de euros, que se restarían de los 30.000 de gasto excesivo de la economía española. Con este paquete, España planteará a sus socios comunitarios un repunte del empleo y, por lo tanto, otra reducción en gasto público, y otros 5.000 millones más de dinero recaudado con los nuevos impuestos.
La negociación entre las exigencias de Bruselas y la oferta del Gobierno español empezará en el mes de octubre y, si se llega a un acuerdo, las ayudas llegarán en enero. Por lo tanto, el futuro de Pedro Sánchez se decidirá en el mes de octubre, ya que la llegada de los fondos europeos permitirían al Gobierno sortear el peor escollo de su legislatura.