Menos poder para el Gobierno central a cambio de un estado de alarma más largo. Esta es la solución intermedia que Moncloa propuso hace unos días a sus socios de gobierno para que avalen el nuevo escenario en la lucha contra el Coronavirus en España, y ahora Sánchez lo confirma y traslada la decisión a las comunidades autónomas.
El Gobierno defiende que el estado de alarma es el único mecanismo que puede garantizar el éxito de las medidas de desescalada, pero a la vez es consciente de la pérdida de apoyos parlamentarios y se compromete a una descentralización del poder que supone transitar hacia la nueva normalidad con un estado de alarma distinto, más suave.
Sánchez evita así conceder a la oposición su principal exigencia, la suspensión del estado de alarma, y para ello sacrifica el mando único, ya que en el nuevo estado de alarma suave el poder estará compartido con el resto de los partidos y las comunidades autónomas.
Pero lejos de ser una derrota para el Gobierno, la pérdida de poder o, como lo llama el PNV, la «cogobernanza», puede ser un mal menor teniendo en cuenta que ahora se van a tener que aprobar decisiones arriesgadas cuyo eventual fracaso ya no podrá ser atribuido al ejecutivo en exclusividad, y eso alivia la presión en Moncloa.
De momento, dos vicepresidentas del Gobierno, Carmen Calvo y Teresa Rivera, se encargan de trasladar a las comunidades el nuevo estado de alarma que pretende aprobar Pedro Sánchez el próximo miércoles: un decreto para un mes, en vez de quince días, pero limitando los poderes del Gobierno a cuestiones relacionadas con la movilidad.
Lo que más preocupa ahora mismo en el ejecutivo es que un repunte de los contagio tire por los suelos todo lo logrado hasta ahora, y su gran obsesión es controlar los desplazamientos de la población entre territorios para reaccionar si se producen rebrotes que hagan necesario blindar o cerrar zonas concretas del país.
A efectos legales, el Gobiernose ampara en dos leyes. El artículo 116 de la Constitución establece la posibilidad de declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional cuando se produce una alteración grave de la normalidad, y el artículo 7 de la Ley de los Estados de Alarma establece que la autoridad bajo este mecanismo corresponde al Gobierno, o en su defecto, a los presidentes autonómicos.
El plan de Sánchez pasa por delegar las decisiones del día a día a los presidentes regionales, que actuarán bajo mandato de la autoridad delegante, o sea, el Gobierno central. Uno de los objetivos de este gesto es que las medidas se adapten a las necesidades de cada territorio.
La nueva realidad cambia el formato con el que se aprobó el estado de alarma el 14 de marzo, que prevé cuatro autoridades delegadas bajo la dirección del presidente del Gobierno: los ministros de Defensa (Margarita Robles), Interior (Fernando Grande-Marlaska), Sanidad (Salvador Illa) y Transportes (José Luis Ábalos).