Los tiempos actuales no están siendo fáciles para muchos españoles debido a la crisis sanitaria.
A la preocupación por la salud cada vez se une más un temor por el horizonte económico que acecha una vez salgamos del confinamiento. Los datos sobre el paro y los negocios que cierran sólo hacen que añadir intranquilidad a los ciudadanos.
Muchas personas hablan abiertamente de esta preocupación y comparten otros momentos de su vida en que han tenido que apretarse el cinturón. La mayoría tiene en el recuerdo la última crisis, que nos azotó tras 2007.
El último en querer explicar su experiencia ha sido el presentador estrella de Antena3, Pablo Motos.Y lo hizo durante su programa, donde se abrió en canal frente a Trancas y Barrancas y otros colaboradores.
Como le ocurrió a otras personas, en tiempos de bonanza económica se enroló en algunos negocios inmobiliarios animado por unos amigos suyos que, al parecer, estaban sacando buen rédito de sus inversiones.
Pero llegó el 2008 y con él, el estallido de la burbuja inmobiliaria. Como el protagonista de la historia relató: `me metí ahí y lo palmé todo´.
Pero esta no fue la única experiencia que tuvo Motos. Años antes, el que ahora es conductor de El Hormiguero firmó un poder a una persona en la que confiaba por valor de 300.000 euros.
Esa cantidad, al parecer, desapareció al día siguiente, dejando al presentador en una situación económica muy delicada. Para tapar ese agujero tuvo que trabajar durante un año gratis y vivir de la ayuda de sus padres.
Esta situación, que puede parecernos surrealista, parece no ser un caso anecdótico, ya que le ha ocurrido a otros rostros conocidos.
Otro famoso que pasó por una situación similar
Tal vez uno de los casos más conocidos fue el de Luis del Olmo, que también vio traicionada la confianza depositada en un amigo íntimo. En este caso, además, administrador de sus bienes.
El periodista lo denunció y lo acusó de haberse apoderado de prácticamente todo lo que había ganado durante su dilatada trayectoria.
En 2018 Rogelio Rengel fue condenado a una pena de 10 años de cárcel por el Tribunal Supremo al considerar probado que había desviado la cantidad de 14 millones de euros.