El último informe que esta semana ha entregado la Guardia Civil a la juez de instrucción que lleva la causa contra miembros del Gobierno por la autorización de las marchas del 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, sugiere que el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ocultó documentación clave para la investigación.
El nuevo informe incorpora así un nuevo delito aunque no aporta pruebas para ello, y mantiene la línea de la acusación inicial según la cual Fernando Simón era consciente del potencial peligro de la epidemia en fechas anteriores al 8 de marzo.
La Guardia Civil critica ahora los retrasos en la entrega de la información reclamada al centro que dirige Simón y sospecha que no incluye todos los correos electrónicos sobre el Covid-19 que permitirían aportar datos fundamentales para la obtención de conclusiones. Aun así, la juez ha desestimado ya en dos ocasiones imputar a Fernando Simón.
Después de varios días de mucha tensión entre el cuerpo policial y el ministerio del Interior, el nuevo informe presentado por la Guardia Civil señala que el primer requerimiento al centro de emergencias fue el 16 de abril y que, pese a que este organismo se comprometió a entregarlo el 5 de mayo, finalmente no lo hizo hasta el 21 del mismo mes.
El documento apunta a Simón como responsable del retraso, al mencionar «un funcionario del ministerio de Sanidad próximo a Fernando Simón» como causa del primer aplazamiento, y la falta de su supervisión para que Sanidad procediera a su entrega. Según el informe, sólo consiguieron la documentación tras acudir al centro con una orden del juzgado.
Sensación de incertidumbre
Los agentes intentan elaborar un análisis cronológico del conocimiento que tuvo el Centro de Coordinación de Emergencias sobre el Coronavirus antes del 8 de marzo a partir de 36 correos electrónicos y varios informes, y resaltan que hay varios avisos de organismos internacionales acerca del peligro que suponía la celebración de actos multitudinarios.
Aun así, acaban concluyendo que Simón «dispone de un gran caudal de información acerca del Covid-19 en fechas muy tempranas a la aparición de la enfermedad», y citan la propuesta, el 21 de enero, de celebrar una videoconferencia para tratar la situación del coronavirus.
El cuerpo cita también unas declaraciones que hizo el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, con el estado de alarma ya declarado, para concluir que el Gobierno conocía ya desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus.
Es en ese punto donde el informe sugiere una supuesta ocultación de documentación por parte del Centro de Emergencias Sanitarias y destaca que, pese al requerimiento judicial, entre el material entregado por el organismo que dirige Simón «podrían faltar documentos». Según el informe hay correos de dos cuentas genéricas del centro, pero faltan los de la dirección.
Asimismo, el cuerpo critica que al adjuntar la documentación el centro especifica que es la «localizada hasta la fecha» y deja abierta la puerta a futuras entregas según aparezcan nuevos datos. Esto, dicen, «arroja una sensación de incertidumbre».