Desde el inicio de la crisis del coronavirus, el uso de las mascarillas ha creado cierta controversia entre la población, pero desde este jueves, 21 de mayo, ya no hay excusa que valga, su uso será obligatorio.
En España, los mayores de seis años deberán utilizar este artículo de higiene obligatoriamente en los espacios públicos siempre y cuando no se pueda garantizar la distancia social de dos metros.
Hasta ahora esta norma afectaba sólo a los desplazamientos en transporte público, pero tras la petición de las comunidades autónomas, el Gobierno se ha decantado por implantar su obligatoriedad.
El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado que se trata de una medida «de precaución» ligada a la etapa de desescalada en la que se encuentra inmerso el país, pero no se descartan excepciones.
Situaciones excepcionales
Según una Orden Ministerial del Boletín Oficial del Estado de este miércoles, existen excepciones por las que se puede prescindir del uso de mascarillas:
Aquellas personas que tengan dificultades respiratorias y puedan empeorar al usar la mascarilla.
Personas que por motivos de salud justificados no puedan usarla, o aquellas que se encuentren en situación de discapacidad o dependencia y por ello presenten cambios de conducta que hagan imposible el uso de la mascarilla.
No se debe usar mascarilla cuando se realicen actividades incompatibles con su uso, como comer o beber.
Causas de fuerza mayor o situaciones de necesidad.
Espacios donde se debe utilizar mascarilla y sanciones
El uso de este artículo es inexcusable en la vía pública, así como en espacios al aire libre y en todos los espacios cerrados que sean de uso público. Se deberá usar cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad entre persona y persona de, al menos, dos metros.
Durante los primeros días, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad potenciarán la función pedagógica. En caso de incumplimiento se requerirá a la persona que cometa esa infracción que proceda a ponerse la mascarilla o que se retire a una zona en la que sea posible mantener la distancia de seguridad adecuada.
Sólo en aquellas situaciones en las que el requerido se niegue a cumplir las instrucciones policiales se sancionará con una multa que en cualquier caso superaría los 600 euros y podría alcanzar hasta los 30.000 euros.