Gabriel y María eran pareja y compartían extrañas creencias en la purificación de las almas y el renacimiento después de la muerte. En 2017 llegaron a España y se instalaron en una casa abandonada en Godella (Valencia), donde la noche del 13 al 14 de marzo de 2019 mataron en un acto ritual a sus dos hijos, de tres años y medio y de seis meses.
Los parricidas se enfrentan desde hoy a un jurado popular en la Audiencia de Valencia, que tendrá que determinar su grado de culpabilidad. María padece una esquizofrenia de tipo paranoide que impedirá que vaya a prisión: la fiscalía solicita para ella 25 años de internamiento en un centro psiquiátrico. Gabriel, por su parte, no padece ningún trastorno acreditado y se enfrenta a 50 años de cárcel, 25 por cada asesinato.
Los acusados llevaban juntos desde hacía ocho años, y tras vivir en varios lugares de Europa y de España, habían recalado en Godella junto a su primer hijo Amiel. Allí se instalaron de okupas en una casa abandonada en una zona de cultivos, un habitáculo con jardín y piscina en el que nació su segundo hijo, Ixchel.
Los hechos que se juzgan sucedieron entre las 10 de la noche y las 4 de la madrugada del 13 al 14 de marzo de 2019. Primero bañaron a los menores en la piscina de casa para purificar sus almas, y luego les propinaron multitud de golpes con un objeto contundente y golpeándoles contra el suelo. Los niños murieron a causa de las fracturas craneales y lesiones encefálicas, y fueron enterrados en diferentes sitios de la parcela.
En el momento de los hechos, María padecía un brote agudo de esquizofrenia que anulaba su voluntad, aunque recuerda haber enterrado a sus hijos en el jardín. Gabriel asegura que fue su pareja quien mató a los niños mientras él dormía, y que descubrió el macabro crimen al día siguiente, cuando despertó. Los dos tienen ahora 30 años y llevan desde entonces en prisión provisional a la espera del juicio que hoy empieza.
Creían ser perseguidos por una secta
Según los datos de la investigación, fue Gabriel quien introdujo a María en toda una serie de creencias místico-religiosas sobre el renacimiento de las almas. Su nivel de fanatismo era tal que estaban convencidos de que una secta integrada por sus propios familiares les perseguía y abusaba sexualmente de su hijo mayor. Por la noche montaban guardia para evitar ser atacados, y en casa guardaban documentos y manuscritos con referencias a ofrendas rituales mayas con sacrificio de niños.
La paranoia en la que vivían instalados se acrecentó, y la abuela materna de los niños empezó a vigilar más de cerca a sus nietos. Llegó incluso a denunciar el caso a los servicios sociales, al mismo tiempo que la pareja fue denunciada por la propietaria de la finca okupada. Días antes del crimen, María mandó un espeluznante mensaje a su madre: «Gracias por todo, Creador. Me voy contigo. Adiós, mamá».
El día anterior a los hechos, la abuela acudió en busca de ayuda al juez de guardia de Valencia, pero este no decretó medidas urgentes. Al cabo de unas horas se produjo el macabro ritual que acabó con la muerte de los menores. En el borde de la piscina hallaron rastros de sangre de uno de los niños, coincidente con la que llevaba también en la chaqueta la madre. No hay ninguna prueba biológica contra Gabriel, aunque sí indicios de su participación en el ritual. La fiscalía asegura que actuaron «de mutuo acuerdo».
Una autora material y un autor intelectual
Al día siguiente, los agentes montaron un amplio dispositivo de búsqueda que acabó con el hallazgo de María, desnuda, dentro de un bidón. Ella les llevó hasta el lugar donde se encontraban los cuerpos sin vida de Amiel e Ixchel. Inmediatamente fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó la prisión provisional para ambos.
A lo largo de todo este tiempo, la fiscalía ha intentado encontrar indicios para demostrar que, con independencia de su actuación material en los asesinatos, Gabriel fue el verdadero inductor. La conclusión es que María actuó bajo los efectos de un brote psicótico y con el convencimiento de todas las estrambóticas teorías que durante años había alimentado bajo la influencia de su pareja.
Un jurado popular tendrá que decidir ahora el grado de participación de Gabriel en el asesinato de sus dos hijos. Además de las responsabilidades penales que puedan recaer sobre ellos, el ministerio público exige una indemnización de 300.000 euros a los abuelos paternos y maternos en materia de responsabilidad civil por los daños morales causados.