Los aplausos de las ocho de la tarde que se hicieron habituales durante el confinamiento para reconocer el trabajo de los sanitarios de olvidaron de otras heroínas dentro de los hospitales: las limpiadoras. Ellas acompañaron a los médicos en los más duro de la pandemia, pero a cambio recibieron desprotección y una salvaje exposición al contagio.
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El resultado: cientos de contagios. El delegado de prevención de UGT en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, Miguel Ángel Romero, dice que las trabajadoras de este sector no quieren levantar la voz por miedo a represalias.
Él también lleva años limpiando el centro y siendo objeto de las deficiencias del servicio. De hecho, él es uno de los contagiados. Confiesa que su lucha se remonta tiempo atrás pero que ha sido con la pandemia cuando más desprotegidos se ha sentido, por la falta de material de protección de unos servicios externalizados.
En marzo ,abril y mayo, cuando el Covid causó más estragos, no paró de enviar escritos a la dirección del hospital y al Servicio Madrileño de Salud (Sermas), casi siempre sin respuesta. Ante la impotencia decidió poner una demanda en el Juzgado de lo Social número 4 de Madrid, que ahora da por probadas las acusaciones que en ella vierte.
En la sentencia, la jueza considera un hecho notorio la carencia de EPIs (equipos de protección individual) para las limpiadoras, algo básico para evitar los contagios. También considera un hecho comprobado que Garbialdi, la empresa encargada del servicio, falló en su intento de aprovisionar más protección a los trabajadores cuando se lo pidieron.
La situación desesperada se manifiesta cuando el 12 de mayo las limpiadoras comunican a la compañía que sólo se había repartido una mascarilla quirúrgica por trabajador y no se habían dado ni monos ni batas a las trabajadoras de la UCI. Ante eso, el auto dice que la empresa llegó a hacer un pedido de 15.000 mascarillas que nunca se entregó por desabastecimiento.
Además, las mascarillas FFP2 que les repartió el hospital tuvieron que ser retiradas por defectuosas. Todo esto, según la jueza, supone un incumplimiento flagrante de la ley de riesgos laborales.
En la sentencia se expone de igual manera cómo tampoco se aseguró la salud de 60 trabajadores que se tuvieron que contratar y que no contaron con taquillas con zona de duchas durante tres días. También les faltó calzado o un segundo uniforme.
El centro se defiende
El Hospital se defiende diciendo que no eran ellos los encargados de otorgar protección a los trabajadores pero que, aún así, entre marzo y julio han dado más de 13.000 delantales, 835 batas, más de 4.500 mascarillas FFP2 y FFP3, más de 140 EPIs y más de 38.800 mascarillas quirúrgicas. Garbialdi ha rechazado dar su versión.
El Gregorio Marañón, único hospital que no tiene externalizado este servicio, también ha tenido problemas de este tipo. Víctor Tomé, respondable sindical del centro, dice que los EPIs llegaron a cuentagotas y que la dirección del hospital fue modificando los protocolos a su antojo. Por todo ello, elevaron a Inspección de Trabajo varios escritos denunciando la falta de EPIs.
En el escrito refirieron que las batas impermeables estaban siendo suplidas por «batas desechables y delantales de plástico que dejaban los brazos del trabajador sin protección y les obligaba a protegerse con unos manguitos confeccionados con bolsas de plástico y sujetos con esparadrapo».