El 10 de junio de 2021, el sargento Rafael Gallart Martínez, de 33 años y natural de Hellín (Albacete), murió en aguas de La Mancha del Mar Menor. Saltó junto con una treintena de compañeros a pesar de que no era experto en ello y de las condiciones climáticas adversas. Ahora, un juzgado lo investiga como delito.
El titular del Juzgado Militar Territorial ha apreciado indicios de delito en la planificación y ejecución del ejercicio. Cita como investigados al capitán y al brigada que supervisaron el salto, y les atribuye un delito contra la eficacia del servicio con resultado de muerte. Podría conllevar hasta seis meses de cárcel.
El sargento Rafael Gallart y su mujer estaban esperando un hijo cuando ocurrió el accidente mortal. Su hija ha nacido hace un mes, y su viuda lleva meses batallando para que se haga justicia y se diriman responsabilidades. Ahora, por fin, la justicia le da la razón y empieza un proceso judicial por la muerte del sargento.
Imputa a los responsables
El juez ha emitido un auto en el que retira la condición de testigos al capitán, como jefe de lanzamiento, y al brigada, como jefe de zona de caída de los paracaidistas. Son, según el escrito, “los militares que tenían encomendada la organización del salto y la supervisión de las condiciones en que se desenvolvió el ejercicio”.
Además, el magistrado ha pedido al coronel director de la Escuela Militar de Operaciones Especiales “un informe comprensivo de los cometidos desempeñados durante el ejercicio”. También al teniente coronel jefe de estudios y al comandante jefe del curso en el que participaba Gallart.
Rafael Gallart perteneció al tercio de la Legión de Ronda (Málaga) y estaba participando en un curso de operaciones especiales de la escuela de Jaca. Entre las pruebas se encontraba un salto en paracaídas, que iba a realizarse el 10 de junio de 2021 en Cartagena (Murcia). Sin embargo, las condiciones no eran las más adecuadas.
Condiciones adversas
La investigación judicial ha concluido que las condiciones meteorológicas en la zona de lanzamiento “no permitían la realización del salto”. Se basa en la velocidad del viento y el oleaje en el rectángulo de 2000 por 600 metros donde se realizó el lanzamiento. Esto tendría que haber sido suficiente para suspender el ejercicio.
El auto recuerda que “la velocidad del viento máximo permitido para realizar el salto es de 14 nudos”. Sin embargo, según el informe meteorológico del patrullero Infanta Cristina, que estaba allí en aquellos momentos, había rachas de viento de hasta 25 nudos.
El sargento Gallart realizó el salto junto a una treintena de compañeros. Pero cuando cayó al agua, el viento le arrastró sin que pudiera soltarse de la tela. Acabó atrapado en una trampa mortal que provocó que acabara ahogándose antes de que pudiera ser rescatado.
'Comportamiento negligente'
Según la normativa, la tripulación de recogida de los paracaidistas debe estar formada por un patrón y dos tripulantes. Sin embargo, aquel día solo había un patrón y un auxiliar, que fueron los que auxiliaron a Rafael. Al llegar hasta él, el auxiliar vio como “agitaba los brazos” intentando deshacerse del paracaídas.
Intentó liberarlo cortando los arrastres con una navaja, pero se le escapó de las manos y el militar quedó a la deriva. Cuando consiguieron subirlo a la embarcación “ya estaba inconsciente y echando espuma por la boca”. Fue trasladado al Hospital Santa Lucía de Cartagena, donde acabó muriendo.
Todos los hechos sumados sugieren, a ojos del magistrado, que podría haber “un posible comportamiento negligente”. Pone el foco en la previsión, organización, dirección y ejecución del salto, y pide “identificar a los mandos militares que participaron”. También habrá que determinar “su ámbito de responsabilidad”.
'Todo era un desastre un caos'
Uno de los testigos asegura que “todo era un desastre, un caos” y que “cuando Gallart saltó aún había paracaidistas en el agua, buques por la zona, mala mar, viento”. “Todo estaba condenado a salir mal”, añade. Y considera que “se podía haber solucionado suspendiendo el ejercicio”.
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El abogado de la familia de la víctima considera que hay pruebas suficientes de la “notoria negligencia por parte de los organizadores y directores”. Exige que la ministra de Defensa cumpla su compromiso con la situación precaria de la viuda y la hija del militar recién nacida”. “Es una pena que haya que poner muertos encima de la mesa para que se normalicen las condiciones de seguridad”, concluye.