Los delitos graves por los que el juez imputa a Podemos y pueden acabar con Iglesias

El auto cita a declarar al responsables de las últimas campañas electorales y Podemos figura como persona jurídica investigada

El vicepresidente segundo del gobierno Pablo Iglesias en un acto oficial recientemente
Se complica el horizonte judicial de Podemos | España Diario

No pintan nada bien las cosas para Podemos. La deriva judicial del partido de Pablo Iglesias en los últimos meses llega a un momento crítico con la última decisión del juez de Madrid que investiga los posibles delitos de malversación, y que ahora ha citado a declarar en calidad de imputado al responsable de las dos últimas campañas electorales. 

Juan Manuel del Olmo, actual secretario general de Comunicación de Podemos y persona de máxima confianza de Pablo Iglesias, deberá comparecer ante el juez el próximo 20 de noviembre para esclarecer posibles delitos de malversación y administración desleal.

En un auto del pasado 30 de julio, el juez cita a declarar también al tesorero del partido, Elías Castejón, y la gerente, Rocío Esther Val, junto a otros testigos como la abogada despedida Mónica Carmona y el exgerente y miembro de la Comisión de Garantías, Pablo Fernández Alarcón. Además, Podemos figura como persona jurídica investigada.

Podemos ha solicitado por escrito la anulación del auto por basarse en la denuncia de un antiguo abogado de la formación a cuya declaración no han podido tener acceso. Se trata de José Manuel Calvente, que fue despedido tras una denuncia de acoso de una compañera aunque él asegura que se lo querían quitar de encima tras haber detectado irregularidades.

Quien denunció el acoso fue Marta Flor, conocida abogada de Podemos en el caso Villarejo que alardeaba de tener influencia en los fiscales de la causa. Sin embargo, Calvente cree que la razón de su despido fue que conocía las irregularidades contables del partido de Pablo Iglesias. Ahora Calvente está despedido, y Flor ascendió en su posición como representante de Pablo Iglesias ante la Audiencia Nacional por el caso Dina.

Calvente trasladó a la Guardia Civil las supuestas irregularidades y, tras un exhaustivo análisis de la documentación, los agentes informaron al juzgado de posibles delitos de malversación y administración desleal en Podemos. El Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid elevó el procedimiento y ahora llama a declarar a la cúpula económica del partido.

¿Qué investiga el juez?

La investigación sobre las supuestas irregularidades de Podemos se centran en tres temas: los movimientos de la «caja de solidaridad» del partido, la reforma de su sede en Madrid, y los contratos de consultoría en la campaña electoral de 2019.

La caja de solidaridad es un fondo creado por Podemos en el que los altos cargos depositan el excedente de los salarios que superan tres veces el Salario Mínimo Interprofesional para revertirlo en iniciativas sociales. Calvente denunció que de ahí salieron 50.000 euros para una consultora que se saldría de la función social establecida para la caja.

Algo que ahora intenta esclarecer el juez es si en febrero de 2019 entraron en territorio español cinco personas de Brasil pertenecientes a la empresa ABD Europa LDA para estudios de mercado y sondeos de opinión. Podemos suscribió contratos de prestación de servicios con esta empresa en febrero y abril del mismo año.

También pide los extractos bancarios de esa empresa para investigar los pagos realizados por Podemos, así como la cuenta electoral de Podemos para identificar los pagos a esta empresa en las elecciones generales de abril de 2019. 

De hecho, el caso más grave al que se enfrenta el partido de Pablo Iglesias tiene que ver con la consultora Neurona Comunidad S.L., que está en el punto de mira de la fiscalía de Bolivia por supuestos pagos no justificados del expresidente Evo Morales. El juez reclama todos los movimientos bancarios de la cuenta de la empresa desde su contratación.

Otra línea de investigación son los posibles sobreprecios en las obras de remodelación de la sede. El juez llama como testigos a los proveedores, a la empresa de ascensores y a la de climatización, y pide el contrato de ejecución de las obras para esclarecer si, como afirma Calvente, hubo sobreprecios y comisiones ilegales.

El juez ordena también un informe sobre las sociedades mercantiles en cuyos órganos de administración se encuentre el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, a quien Calvente acusa de llevarse mordidas en las relaciones con proveedores y, en concreto, de Neurona. Las investigaciones del juez salpican también al diputado de Podemos Rafa Mayoral.

¿Qué hará Pedro Sánchez?

La imputación de Podemos por presunta malversación y administración desleal salpica de lleno al Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. El Ejecutivo se enfrenta a una moción de censura en el mes de septiembre y, ante la aparición de la últimas informaciones, los partidos de la oposición empiezan a plentear la urgencia de hechar al Gobierno y convocar elecciones.

Sin embargo, la posición no es unánime. El impulsor de la moción de censura, Vox, apela a los partidos de la oposición a su responsabilidad para acabar con el Gobeirno de Pedro Sánchez, y la imputación de Podemos es el pretexto ideal para hacerlo. 

Pero el PP y Ciudadanos se mostraron reacios a la moción desde el primer momento y lo vieron como una maniobra del partido de Santiago Abascal para ganar protagonismo. Ante la imputación de Podemos, esos partidos se plantean de momento pedir la dimisión de Pablo Iglesias como vicepresidente segundo del Gobierno, y debilitar al Ejecutivo hasta encontrar el momento ideal para desbancar a Sánchez.

¿Y Sánchez, que hará? El presidente del Gobierno se encuentra de vacaciones aunque sigue la actualidad muy de cerca. En los últimos días ha defendido a capa y espada el gobierno de coalición y ha reafirmado los acuerdos de legislatura como base de la acción política conjunta.

En la cabeza del presidente no está ni romper el Gobierno de coalición, ni cesar a Iglesias. De hecho, algunas informaciones apuntan que Sánchez habría intercedido a través de la fiscalía española para blindar a Iglesias y a Podemos en la investigación que lleva a cabo la fiscalía boliviana. Esto refuerza la idea de que la estrategia de Sánchez consiste en ir al encontronazo con Vox y reforzar la posición del gobierno de coalición PSOE-Podemos ganando la moción de censura.


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