La Fiscalía ha denunciado por homicidio imprudente al médico de la residencia de ancianos La Purísima Concepción, en Madrid. Se le acusa de no haber realizado un seguimiento adecuado a un interno de 89 años que acabó muriendo, el 4 de abril de 2020. La Fiscalía entiende que podría haber incurrido en un delito al no haber aplicado el protocolo Covid.
Según la denuncia del Ministerio Público, el médico no tuvo en cuenta el contexto de pandemia que se vivía entonces en España a la hora de elaborar un diagnóstico y prescribir un tratamiento para el anciano, lo que «le privó de una atención adecuada».
La Fiscalía le imputa por ello un delito de homicidio imprudente y otro de omisión del deber de socorro. Según su informe, entre el 18 de marzo y el 28 de mayo de 2020 murieron 54 ancianos con síntomas compatibles con coronavirus. La Comunidad de Madrid intervino el centro el 6 de abril ante la grave situación.
En el escrito reconoce la falta de personal médico en el centro pero acusa al médico de no haber contactado con el hospital asignado y haber decidido tratar a los pacientes en el centro a pesar de que no disponía de los medios adecuados. Por eso considera que podría ser objeto de un delito de negligencia al no haber prestado a los usuarios el servicio adecuado.
La Fiscalía considera que muchos de ellos presentaban síntomas compatibles con Covid-19 aunque sin poder precisar el número real de fallecidos por coronavirus. La mayoría de los fallecimientos estaban certificados por médicos externos y la residencia no guardaba un registro de los motivos de la defunción en esos casos.
El informe detalla también que, a pesar de contar con 156 plazas autorizadas, antes de la emergencia sanitaria solo contaba con un médico y siete diplomados universitarios de enfermería para cubrir los servicios sanitarios 24 horas al día. Este médico, siempre según Fiscalía, «atendía a los usuarios en horario de mañana y compatibilizaba su labor con la dirección del área médico-preventiva».
Anunció que desalojaría a 60 residentes
En su escrito relata que durante aquellas fechas, el equipo médico, ya de por sí escaso, sufrió varias bajas que dejó a los usuarios sin atención médica «todas las tardes y noches además de los fines de semana». Esta falta de personal «llevó al médico denunciado a escribir diferentes cartas a políticos, responsables administrativos y medios de comunicación en las que manifestaba que no tenía capacidad para prestar atención sanitaria a los residentes».
Según el relato, en las cartas anuncia que si en las siguientes 48 horas no recibía ayuda desalojaría a sesenta usuarios, al considerar que solo podía atender al 50% de los residentes. El médico aseguraba que la falta de medios le impedía atender aspectos básicos como administrar las comidas o la movilidad de los pacientes.
También considera que el denunciado no estableció contacto con el Hospital Gregorio Marañón como enlace ante casos sospechosos de Covid-19. «Desatendiendo estas previsiones, informó por carta a los familiares de que no se podían hacer derivaciones hospitalarias y que, por lo tanto, todos los casos sospechosos de Covid-19 serían tratados en la residencia».
Fiscalía denuncia que «ni siquiera activó el protocolo cuando el número de casos de contagio fue en aumento y se produjeron numerosos fallecimientos, tomando él la decisión de mantenerlos en la residencia aun sabiendo que no disponía de un adecuado servició médico y de enfermería».
La Comunidad de Madrid intervino el centro
Según el informe, entre el 23 y el 31 de marzo de 2020, la residencia dejó de informar a los técnicos sobre los contagiados, y cuando retomó la comunicación el número de fallecidos había subido de forma alarmante, quedando 11 casos asintomáticos y 77 con síntomas, «sin que se conozca el tipo de asistencia, seguimiento y control sanitario que recibieron».
«El 4 de abril procedió a reclamar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) una profunda desinfección y más tarde, ante la gravedad de la situación, se optó por la intervención del centro», continúa la denuncia.
En ella se cita el caso del anciano de 89 años, que padecía deterioro cognitivo y que falleció el 4 de abril, a causa de una dificultad respiratoria sospechosa de ser Covid-19. «Hacia el 27 de marzo aparecieron las primeras manifestaciones de insuficiencia respiratoria vinculada al coronavirus ,que le produjo finalmente la muerte sin haber realizado el médico un adecuado seguimiento de la enfermedad ni haber aplicado el protocolo», concluye.