Las operaciones financieras con tarjeta de crédito o débito se han disparado a raíz de la pandemia del COVID-19, aunque todavía quedan españoles que prefieren pagar con billetes y monedas. Las transacciones económicas se vigilan con mucho cuidado. Y es que hay que evitar la evasión de impuestos a toda costa.
Los límites están para respetarlos
Ya es una costumbre habitual observar grandes colas de gente esperando su turno frente a los cajeros automáticos de las diferentes entidades financieras. En ellos sacan dinero o realizan otro tipo de operación como ingresos económicos. Estos últimos en principio no requieren ninguna justificación por parte del usuario, pero hay excepciones.
Cuando este ingreso se hace directamente en la ventanilla de la sucursal bancaria, la entidad podrá exigir la identificación pertinente del cliente, independientemente de la cantidad a ingresar.
Que no sea necesaria una debida justificación siempre por parte del cliente puede derivar en fraudes en algunas ocasiones. Por ello, el Gobierno de España aprobó el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el fraude fiscal a finales de 2020. Su objetivo no es otro que “reforzar la lucha contra la elusión fiscal compleja y la economía sumergida”.
Esta normativa establece, entre otras, una medida que afecta directamente a los usuarios. A la hora de pagar en efectivo para realizar determinadas operaciones, el límite ha pasado de 2500 a 1000 euros tanto para empresas como para particulares.
Todos los pagos que sean superiores a 1000 euros deberán realizarse por transferencia bancaria o pago con tarjeta que cuente con el límite establecido por el banco o entidad financiera.
En caso de que una persona no cumpliera la normativa dispuesta en este Proyecto de Ley, conllevaría una infracción administrativa considerable. La sanción económica podría suponer hasta el 25% del valor de la transacción realizada.
La base tenía en cuenta para la sanción será la cuantía pagada en efectivo a partir de 1000 euros o su contravalor en caso de haberse realizado en moneda extranjera.
Las entidades bancarias juegan un papel clave
Lo cierto es que no es tarea fácil para la Administración vigilar este tipo de fraudes. No obstante, las entidades bancarias juegan un papel crucial en su lucha contra la evasión de impuestos, blanqueamiento o fraude fiscal.
Estas son las encargadas de notificar directamente a la Agencia Tributaria los movimientos que consideren que pueden estar incurriendo en una infracción.
Mucho cuidado con los ingresos
Otro asunto a tener en cuenta son los billetes de 500 euros. Entre septiembre abril de 2002 y septiembre de 2020 se registró la cifra más baja de circulación de este tipo de billetes, según datos del Banco de España. Fue en enero de 2019 cuando dejaron de emitirse, sin embargo, en la actualidad siguen siendo todavía totalmente válidos.
Esta cantidad no excede el límite establecido de 1000 euros. No obstante, si una persona hace un ingreso de un billete de 500 euros en una entidad financiera, este será inmediatamente notificado a Hacienda. Por este motivo, es necesario dejar claro de dónde proviene dicha cantidad y justificarla debidamente a la hora de hacer el ingreso.
En caso de que un ciudadano realice un ingreso o retirada de efectivo superior a los 3000 euros o transferencias muy elevadas, también será operaciones comunicadas al fisco. De hecho, este tipo de transacciones pueden derivar incluso en una investigación.
En caso de detectarse ahorros no justificados, desde la administración competente se hará pagar a la persona poseedora de ellos una grave sanción. Y es que esto será visto como ganancia patrimonial no justificada.
De la misma forma, pero independientemente de la cantidad, si un usuario realiza ingresos en efectivo recurrentemente, esto podría activar las alarmas. El banco se vería en la tesitura de comprobar si se está realizando algún fraude o no es el caso concreto esta vez.