17/01/2021 09:05h
Illa fue más tajante que nunca. Después que salieran a la luz diferentes noticias indicando que algunos cargos públicos españoles o alcaldes se habían vacunado de manera irregular al sobrar dosis en sus municipios, el ministro de Sanidad indicó que «aquí se tiene que dar ejemplo». No contento con ello, el máximo exponente de Sanidad fue más allá e indicó: «Puesto que se han detectado los casos, esto significa que los controles funcionan. Se ha podido detectar que personas que no estaba previsto que recibieran esta dosis en estos momentos la han recibido».
Asimismo, el ministro avanzó que el Gobierno, juntamente con la Policía, ya han abierto una investigación para saber qué ocurrió en los casos de El Verger y Els Poblets, en Alicante; en Rafelbuñol, en Valencia, y en Riudoms, en Tarragona. «Sí, me consta que en los casos que se ha correspondido se han abierto diferentes expedientes por parte de las comunidades para averiguar qué ocurrió y tomar así las medidas pertinentes», explicó un Illa que aprovechó la ocasión en rueda de prensa para recordar que estaba en «permanente contracto con las comunidades autónomas».
Ya para terminar, el ministro se mostró muy tajante cuando, preguntado por segunda vez por dichos casos de vacunación irregular, sentenció: «Aquí tenemos todos que dar ejemplo y los que tenemos un cargo público, los primeros».
El PSPV-PSOE informó el pasado sábado que había procedido con la apertura de un expediente disciplinario y la suspensión cautelar de militancia a los tres alcaldes de la Comunitat Valenciana que aceptaron la vacuna contra la Covid-19 «pese a no estar contemplados en el grupo de riesgo estipulados por el Ministerio de Sanidad».
El partido lamentó una decisión «desacertada» en un momento «tan complicado como el actual». El PSPV-PSOE informó pues que ha iniciado dicho expediente por su vacunación irregular y les suspende «hasta analizar lo sucedido».
Junts per Catalunya, por su parte, todavía no ha adoptado ninguna decisión con el alcalde de Riudoms, en la provincia de Tarragona, que también optó por inyectarse la vacuna cuando su caso no era prioritario. De hecho, en España ahora mismo los grupos que tienen derecho a vacunación son las personas de las residencias y los sanitarios que combaten a primera línea contra la Covid-19.