Fernando Simón en roda de premsa pel coronavirus el 17 de març de 2020

Urgente: Fernando Simón, investigado penalmente por la Guardia Civil

El único imputado por ahora es el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por la autorización de eventos

A un conocido personaje del equipo del Gobierno que estas semanas lidera la lucha contra el Coronavirus se le podría caer el pelo si prosperan las  investigaciones  que lleva a cabo la Guardia Civil sobre las responsabilidades penales por las  manifestaciones del 8-M, y su vinculación con el aumento de contagios y muertos por Covid-19 en España.

Se trata nada más y nada menos que de  Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que todos los días aparece en la rueda de prensa para notificar los contagios y fallecidos, y valorar la evolución de la epidemia.

Los indicios que tiene la Guardia Civil señalan que Fernando Simón, al menos tres días antes de las concentraciones multitudinarias por el Día de la Mujer, manejaba datos que evidenciaban la gravedad de la crisis y pese a ello no tomó ninguna medida  para evitar actos como ese, o el congreso de Vox, en Vistalegre, y el partido de fútbol  en el Wanda Metropolitano.

Las pesquisas responsabilizan a Simón de la cancelación de un congreso evangélico previsto para los días 19 y 20 de marzo en Madrid, tras una reunión el 5 de marzo con responsables de la que congregación, que fueron informados del alto  riesgo de propagación  del virus. Esto se contrapone a la laxitud con la que Simón trató las concentraciones del 8-M, según el informe.

La investigación también se apoya en la advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 14 de febrero sobre el peligro de los actos multitudinarios, y la circular del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades del 2 de marzo que desaconsejaba la autorización de grandes concentraciones.

A la vista de las pruebas, la Guardia Civil cree que Fernando Simón cometió un acto de irresponsabilidad que podría tener consecuencias penales, e insta al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias para que aporte toda la documentación sobre el Covid-19 de la que disponía antes del 8 de marzo. De momento, no ha habido respuesta.

La investigación policial también señala al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, sobre el que recae una acusación de prevaricación al haber permitido las aglomeraciones de aquellos días a pesar de las advertencias del gobierno autonómico madrileño y de las autoridades sanitarias europeas y mundiales. Además, no se descarta que otros altos cargos de la delegación y del ministerio sigan sus pasos.

El único imputado por ahora

José Manuel Franco es, de momento, el único imputado. La  Delegación del Gobierno alega que no suspendió los actos de los primeros días de marzo porque no recibió ninguna alerta hasta después de la declaración del  estado de alarma  el 14 de marzo, pero la investigación apunta que el organismo suspendió dos concentraciones por razones sanitarias antes de que el Gobierno decretase el estado de alarma.  

Uno de los casos fue la prohibición de la protesta convocada por los sindicatos de Amazon el viernes 13 de marzo en San Fernando de Henares. El otro es la cancelación de una concentración de la  Asociación para personas Aptas sin Ayudas al Alquiler que estaba prevista para el 12 de marzo, frente a la Asamblea de Madrid. 

En ambos casos, los organizadores de las concentraciones fueron contactados por la Delegación del Gobierno para solicitar la cancelación  de los eventos por el peligro de propagación del virus.

Ante la evidencia de las pruebas, la Delegación cambió de estrategia y admitió que el sábado 7 de marzo  recibió dos avisos de la Comunidad sobre el Covid-19, pero que no los leyó hasta el lunes 9 de marzo por la mañana. El Gobierno ha utilizado la Abogacía del Estado para solicitar que se archive la causa al no haber ningún indicio de delito en la actuación de Franco.