A la espera de empezar a recibir las ayudas del fondo europeo de recuperación a principios del año que viene, el Gobierno de España prepara algunas modificaciones del ingreso mínimo vital, la medida social que más recelo causa en Bruselas. El ministerio de Seguridad Social estudia ahora cómo reducir el impacto económica a partir de algunas contrapartidas.
Según el ministerio, la renta mínima le costará al Estado 3.000 millones de euros al año y podrá complementarse con otras rentas salariales y prestaciones de las autonomías. Moncloa teme que el Consejo Europeo obligue pronto a retocar esta ayuda.
El ingreso mínimo vital beneficiará a 850.000 hogares y como puente de salvación para las familias más vulnerables, es la medida más defendida por el gobierno de coalición y en especial por el sector de Unidas Podemos. Pero también es evidente el coste extraordinario que supone para las cuentas públicas, en un momento especialmente delicado.
Ante la aprobación del fondo europeo de salvación que comprometió 140.000 millones de euros para España, el Gobierno espera directrices de Bruselas para rebajar el impacto del ingreso mínimo vital. El Consejo Europeo, cuyo papel ha tomado protagonismo a raíz de la crisis, tendrá la última palabra para la entrega del dinero a España.
El Gobierno se plantea que los beneficiarios del ingreso mínimo tengan que aceptar trabajos de colaboración social a cambio de recibir cada mes de la prestación. El cobro del ingreso mínimo vital puede ir asociado a la obligación de aceptar trabajos de jardinería, limpieza de calles, reforestación y similares.
El Gobierno podría promover la celebración de conciertos, especialmente con ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro, en los que se especifiquen los trabajos de colaboración social en las condiciones reglamentarias apropiadas. Uno de los primeros colectivos que se seleccionará para estas labores serán los parados que cobran el ingreso mínimo vital
Hay que recordar que una de las obligaciones para cobrar el ingreso mínimo vital es estar registrado como demandante de empleo. Así, se crearán programas de interés social para beneficiar a la comunidad y los organismos podrán solicitar la aportación de la mano de obra necesaria al servicio público de empleo.
Está previsto que el servicio público de empleo, el SEPE, seleccione a los desempleados que cobren el ingreso mínimo y que se ajusten al perfil para enviarlos al organismo que haya solicitado la mano de obra. Los parados tendrán que pasar entonces por un proceso de selección.
Ya se hace con los desempleados
Así, los que cobren el ingreso mínimo vital y estén en el paro podrán desempeñar actividades de interés social, es decir, de utilidad colectiva, servicios de medio ambiente y de desarrollo cultural y de asistencia social. Estos deben ser creados para evitar que se sustituyan empleos estables por estos de colaboración social.
Esta fórmula es similar a la que ya se aplica a los desempleados, ya que si un parado está cobrando la prestación, el SEPE puede exigirle que haga un trabajo de colaboración social. Los requisitos son: ser de utilidad social y beneficio a la comunidad, tener carácter temporal, coincidir con las aptitudes físicas y psíquicas de la persona, y no suponer un cambio de residencia habitual.
El parado tiene derecho a percibir la prestación que corresponda más un complemento hasta llegar al importe total de la base regulados que se utilizó para el cálculo de su prestación. El SEPE puede obligar a aceptar estos trabajos por un máximo de tiempo igual al que dure el subsidio y no implicarán relación laboral entre el desempleado y la administración.