La policía informa que se están produciendo envíos de inmigrantes a la península con el fin de aliviar la presión que están viviendo los principales puntos de recepción en las islas Canarias. Según las últimas informaciones, al menos nueve ciudades de la península han recibido ya el traslado de inmigrantes desde Canarias durante las últimas semanas.
Interior negó en un principio esta información, pero días después el diario El Español mostró los vídeos de los traslados. Tras la evidencia, el Gobierno se niega a dar los datos del envío de inmigrantes a ciudades de la península.
Esto impide saber con exactitud cuántos inmigrantes han llegado las últimas semanas a España y dónde se han diseminado. Pero fuentes policiales confirman que algunas de estas ciudades son Valencia, Alicante, Barcelona, Sevilla, Málaga, Granada, Madrid, Huelva y Zaragoza.
Los últimos envíos se realizaron a Valencia y Alicantes. Allí fueron trasladadas 400 inmigrantes ilegales en cuatro días, coincidiendo con el puente. A Granada han llegado, durante las últimas horas, 200 inmigrantes. Ni siquiera el alcalde de la ciudad, Luis Salvador, tenía conocimiento de que se iba a producir este traslado.
Una situación que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justifica como medida para ayudar a dar salida a la situación que se vive en las islas: «Hay que empatizar con Canarias». Por su lado, Interior se empeña en ocultar los datos argumentando que «no gestiona ni organiza los envíos, simplemente autoriza algunos de manera puntual».
Recuento a su llegada
Interior solo informa de los envíos cuando se trata de personas vulnerables o con derecho a la protección oficial. Los inmigrantes que han llegado a la península son ahora responsabilidad del ministerio de Inclusión que dirige José Luis Escrivá. El departamento también guarda silencio: «Nosotros no aportamos información sobre reubicaciones o traslados».
En Inclusión y Seguridad Social defienden que todos los traslados se ajustan a la legalidad y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado controlan los movimientos que se están llevando a cabo. Sin embargo, Inclusión entiende que se trata de una cuestión de seguridad y que, por lo tanto, es competencia de Interior.
El Gobierno lanza balones fuera. Su portavoz, María Jesús Montero, afirmó desconocer la información de estos traslados y prometió que «lo harán saber» cuando lo sepan. Ante la opacidad de Interior, los datos existentes por ahora procedentes de los recuentos que hacen la policía y la Guardia Civil en distintos puntos del territorio.
Las fuerzas de seguridad cuentan a los inmigrantes a la salida del avión o del ferri con los que llegan a la península, lo cual les está permitiendo saber hacia dónde se dirigen. El pasado martes, por ejemplo, llegó a Huelva un ferri procedente de Canarias con 42 inmigrantes a bordo. Hace quince días llegaron a Zaragoza unos veinte inmigrantes en vuelo regular.
Hay otros puntos de la península donde también se han registrado llegadas. Como Málaga y Sevilla, donde el lunes 23 de noviembre y al día siguiente llegaron vuelos con casi 60 personas. El problema, advierten, es que no hay un control ni un seguimiento de todos los que llegan y, una vez en la península, pueden moverse con toda libertad.
Orden a los policías
Sindicatos policiales como el SUP exigen conocer la cantidad y los lugares de los traslados, pero la información es confusa, sobre todo en Madrid y Barcelona. Interior asegura que los recién llegados son cometidos a una prueba PCR cuando llegan a las costas canarias, pero no confirma si se repite el test al llegar.
Tras los recientes traslados a Valencia de 72 personas el viernes, 64 el sábado, 100 el domingo, 61 el lunes y 16 el martes, y de varias decenas en Alicante, la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana ha tomado medidas.
Las comisarías provinciales de Valencia, Castellón y Alicante han recibido la orden de llevar una tabla con los registros de entrada de extranjeros desde Baleares o Canarias. Con ello se quiere llevar un control exhaustivo de los recién llegados que «además de ignorar las prohibiciones sanitarias de confinamiento perimetral pretender llegar a la península para establecerse o trasladarse a otros países europeos».
En la misma orden se exige que una vez contabilizados se pongan en marcha los trámites de puesta en libertad, solicitud de Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), detención por falsedad documental y otros procedimientos. Por su lado, el sindicato mayoritario de Policía Nacional, Jupol, denuncian que se ponga a los policías como «parche para un problema político».