Las pensiones están en el punto de mira del Gobierno desde hace semanas. El Congreso de los Diputados ha iniciado esta semana las reuniones para llegar a un acuerdo sobre el sistema de pensiones antes de que acabe el año. Este es el plazo que ha fijado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para el cambio que afectará a más de 650.000 jubilados.
El ministro ha advertido de un fenómeno peligroso: el 11% de los españoles sitúa las pensiones como su principal problema. Esta inquietud, dice, propicia jubilaciones anticipadas que quizás no se producirían si no hubiese esta incertidumbre.
Según el ministro, esto genera una merma en los ingresos, y por eso el Gobierno ha puesto rumbo al cambio en las pensiones que incluirá varias medidas.
Se prevé acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, ya que según la Seguridad Social, a finales de 2019 la edad media en la que los trabajadores empiezan a cobrarla es de 64 años y cinco meses, y la edad legal de jubilación es de 65 y 10 meses.
El plan para conseguirlo pasa por desincentivar las jubilaciones anticipadas e incentivar la demora en la jubilación. El Gobierno cree que los coeficientes para la penalización de la jubilación anticipada no están bien diseñados: «a pensiones más bajas hay menos incentivos para jubilarse y a pensiones más altas hay más incentivos», explica el ministro.
Este sistema, según él, hace que hay demasiadas jubilaciones anticipadas. «Tenemos un problema ahí», asegura, y cree que hay que «propiciar que quien quiera trabajar más tiempo lo pueda hacer». El Gobierno estudia fórmulas para que se pueda trabajar más allá de los 65 años, cobrar la mitad de la pensión y tener una cotización muy pequeña. Una de estas opciones es la jubilación activa o parcial.
Vincular las pensiones al IPC
José Luis Escrivá ha participado en la comisión del Senado. Allí abogó por desarrollar los planes de empresa que están vinculados a los convenios sectoriales en los que el trabajador aporta al plan de pensiones el 1% y la empresa otro 1%. Para fomentar la Previsión Social Complementaria tendría que haber ventajas fiscales a las rentas medias y bajas, ha dicho.
Escrivá apuesta porque las recomendaciones sigan separando las fuentes de financiación de las pensiones. Propone que se costee mediante los Presupuestos Generales del Estado las políticas activas de empleo, las prestaciones por cuidado de hijos y otros subsidios, las subvenciones a regímenes especiales y los gastos de funcionamiento del sistema.
Las negociaciones del Pacto de Toledo, que se interrumpieron por la llegada del Coronavirus, se han retomado y se prevé que concluyan antes de que acabe el año. En ellas se incluirá la vinculación de las pensiones al IPC y el aumento del número de años que se tienen en cuenta para el cálculo de la pensión.