Al mismo tiempo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pone una fecha límite para la liquidación del ingreso mínimo vital para las primeras familias, otros ponen el grito en el cielo porque critican que se abone primero esta ayuda antes que otras prestaciones como el de desempleo o los ERTE que han quedado rezagados por la urgencia de la crisis.
Y es que el ingreso mínimo vital, un histórico paso en la lucha contra la pobreza en España, ha puesto también patas arriba el sistema público de prestaciones amenazando, entre otras cosas, con una colisión de ayudas que ahora el Gobierno trata de ir resolviendo.
En este sentido, desde la aprobación del ingreso mínimo vital, el ministro José Luis Escrivá ha explicado que este nuevo derecho lleva a la progresiva desaparición de prestaciones ahora inscritas en la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo, de forma que el presupuesto para sacara adelante la renta mínima saldará del ahorro de estas otras ayudas.
El primer sacrificio será la congelación de la prestación de la Seguridad Social por hijo a cargo, que quedará convalidada por la renta mínima que garantiza entre 462 y 1.015 euros mensuales en función de los miembros de la unidad de convivencia. Por lo tanto, no habrá nuevos beneficiarios de la ayuda de apoyo familiar y el Estado puede ahorrarse hasta600 millones.
Si se cumplen los requisitos exigidos, las familias podrán acceder a la nueva prestación, y además, una parte importante de los que ahora reciben la ayuda por hijo a cargo pasarán directamente a cobrar el ingreso mínimo vital.
El Gobierno prevé extender la nueva prestación el 26 de junio a 255.000 españoles, más de la mitad de los cuales son menores. Pero la mayoría de las familias que van a percibir la ayuda ya cobran la prestación por hijo a cargo, que el Gobierno elevó el año pasado a 341 euros para familias con bajos ingresos y a 588 euros para las más necesitada.
Aun así, la cancelación de la ayuda no se aplicará a los hogares con hijos con discapacidad ya que, para este colectivo, la ayuda no está vinculada a la renta. Por todo lo demás, el ministro prevé que el nuevo modelo de ayudas públicas se vaya desplegando de forma paulatina para ir resolviendo el solapamiento de ayudas y prestaciones.
Afectará otras prestaciones
José Luis Escrivá ha segurado que «afectará a otras prestaciones» y en concreto ha hecho referencia a algunas ayudas que concede el Servicio Público y que son «candidatas a integrarse en el nuevo paraguas del ingreso mínimo».
Esta intención va en la línea del acuerdo que intentó cerrar Pedro Sánchez con la patronal y los sindicatos para simplificar los subsidios por desempleo, una reforma que pretendía reducir y racionalizar la oferta de atención a parados de larga duración que han agotado su derecho a percibir la prestación contributiva.
Según las estimaciones, la nueva renta mínima le costará al Estada 3.000 millones de euros, mientras que la autoridad fiscal calacula que el impacto de la medida hasta diciembre de este año superará los 1.000 millones y aportará una décima del PIB al déficit público del 2020.