El Gobierno se prepara para una ola de despidos sin precedentes tras el verano y ha tomado una firme decisión al respecto.
Será en agosto cuando finalice la prohibición de los ERTE de realizar ajustes de plantilla durante seis meses.
En ese momento, las empresas que se acogieron a los expedientes de regulación de empleo durante esta tercera ola de la pandemia podrán despedir a los trabajadores, consolidando un año trágico en la destrucción de empleo.
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Los efectos de la tercera ola en el empleo: más de 4 millones de parados en febrero
Los datos de paro de febrero ya hacen presagiar la llegada de un verano complicado. La tercera ola ha empezado a materializarse en más destrucción de empleo, puesto que las restricciones han obligado a cierres de ciertos sectores cruciales en la economía y confinamientos más estrictos tras las festividades navideñas.
Durante el mes de febrero, nuestro país ha vuelto a superar los cuatro millones de parados registrados en las oficinas de empleo.
Los datos de la Seguridad Social ya han puesto de manifiesto que un número importante de empresas de los sectores más afectados por la crisis, que se acogieron a un ERTE durante la primera ola y recuperaron a sus trabajadores en verano, han optado por despedir a una parte de la plantilla tras vencer el compromiso de mantenimiento del empleo de seis meses impuesto por el Gobierno.
Se trata de los sectores más castigados por las restricciones sanitarias, como el comercio, la hostelería y el ocio, que en los meses de enero y febrero de este año acumulan entre los tres más de 140.000 bajas del sistema de la Seguridad Social.
Además, en este mismo período de tiempo, los trabajadores en ERTE se han incrementado de 740.000 a 900.000 en febrero, un 20% más, mientras que en enero se ha registrado un aumento del 5%.
El Gobierno prevé una fuerte destrucción de empleo tras el verano
Sin embargo, el Gobierno prevé que «lo peor está por llegar», según informan fuentes cercanas del Ejecutivo a 'El Confidencial Digital', ya que la mayoría de las empresas han presentado un ERTE detrás de otro, prorrogando la salvaguarda de empleo de los afectados durante seis meses.
El verano coincidirá con el vencimiento de las limitaciones que estas empresas en ERTE tienen para poder reajustar sus plantillas mediante otra herramienta de regulación de empleo: el ERE, que permitiría a las empresas en mala situación económica suspender, reducir la jornada o despedir a un porcentaje determinado de la plantilla.
«Lo de febrero es solo el principio de lo que puede estar por llegar. El riesgo de que se genere un efecto de destrucción de empleo en cadena es real», alertan fuentes de la cúpula económica del Ejecutivo a 'ECD'.
La avalancha de EREs que se espera para después del verano podría volver a poner en jaque al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), que se encuentra desbordado desde el estallido de la crisis sanitaria.
La decisión del Gobierno para evitar el nuevo colapso del SEPE
En España, los servicios públicos de empleo cuentan con alrededor de 8.600 trabajadores que desde el estallido de la pandemia han tenido que tramitar más de 3,5 millones de ERTEs, según cifras del Ministerio de Trabajo.
El Gobierno es consciente de que esta plantilla es insuficiente para garantizar una atención adecuada a la ciudadanía, por lo que ha tomado la decisión de prorrogar a los 1.500 trabajadores interinos que actualmente forman parte de la plantilla y reforzarla con nuevos efectivos.
En total, el SEPE incorporará a 1.000 nuevos trabajadores para enfrentar las terribles consecuencias económicas de una pandemia que ya lleva más de un año entre nosotros.