Son muchas las cuestiones que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene sobre la mesa, algunas de ellas en relación con el ámbito laboral. Desde los ERTE hasta la revalorización de las pensiones, el Ejecutivo tiene entre manos modificaciones entre las cuales, una brilla especialmente: se trata de la derogación parcial de la reforma laboral. Fue el Gobierno del PP quien, en 2012, impulsó cambios profundos en la legislación laboral que, ahora, el Gobierno quiere revertir.
Uno de los puntos esenciales de esta ya bautizada como 'contrarreforma laboral' es la contratación. Desde el primer minuto, el Gobierno de coalición estableció como prioridad reordenar y simplificar los tipos de contrato laboral existentes en España. Ahora, el borrador de la nueva legislación demuestra que, efectivamente, este es uno de los puntos fundamentales de la contrarreforma que se pretende instaurar en los próximos meses.
Cambio radical a los contratos en España: la modificación que prepara el Gobierno
El programa 'Cuatro al día', que ha tenido acceso al proyecto del Gobierno, ha explicado cómo quedará el nuevo esquema de contratos en nuestro país cuando se aplique la reforma. El principal titular es que, del actual compendio de contratos existentes, van a quedar solo tres: fijos, temporales y de formación. No hay duda de que el primer objetivo del Gobierno es acabar con la temporalidad laboral en España, de forma que estos contratos, los temporales, van a quedar muy limitados.
La idea es la siguiente: el contrato temporal podrá tener una duración de seis meses, prorrogables por un único periodo de seis meses más. Pero este es un límite que no va a poderse rebasar: los contratos temporales que lleguen al año de duración pasarán, automáticamente, a ser contratos fijos. Las empresas, pues, estarán obligadas a incorporar de forma definitiva en su plantilla a los trabajadores que superen un año en situación de contrato temporal.
Más novedades: aquellos trabajadores con contrato temporal en vigor y que, de los últimos 30 meses, hayan trabajado 24 en situación de temporalidad, pasarán también a ser fijos. Es, pues, un mecanismo más del Gobierno para mitigar al máximo la temporalidad que caracteriza millones de contratos laborales en nuestro país. Y aún hay más medidas para conseguir este efecto: el Gobierno está decidido a eliminar un contrato que es usado de forma común actualmente.
Nos referimos al contrato de obra y servicio, que en ocasiones han servido para prolongar situaciones de temporalidad hasta cuatro años. Se entiende que esta fórmula contractual ha contribuido de forma decisiva a la precarización e inestabilidad del empleo en nuestro país y el Ejecutivo apuesta por eliminarlo del esquema de contratos. Sí se va a dar continuidad a los contratos de formación, los de los conocidos como becarios, para complementar las posibilidades laborales y contractuales.
La reforma, pues, va a mantener tres tipos de contrato: el fijo, el temporal y el de formación. Pero los contratos fijos sí van a mantener un subtipo: se trata del contrato fijo discontinuo. Esta modalidad permite, por ejemplo, garantizar la condición de fijos a trabajadores por temporada, tales como temporeros o personal de restauración.
España afronta, en definitiva, una nueva modificación de la legislación laboral que, 'a priori' y según las intenciones declaradas por el Gobierno, debe aportar estabilidad al tejido laboral en España. La reforma es, por ahora, un mero borrador que el Gobierno tiene sobre la mesa tras el trabajo liderado por la vicepresidenta tercera Yolanda Díaz. En primer lugar, deberá debatirse internamente en el Consejo de Ministros.
Cuando este órgano lo apruebe, será cuando el nuevo esquema contractual sea debatido en las cámaras y se someta a aprobación. En todo caso, la idea es que las nuevas fórmulas de contrato entren en vigor en cuestión de meses.