El Gobierno se plantea solicitar autorización al Congreso de los Diputados para establecer una sexta y última prórroga del estado de alarma que abarque todo el proceso pendiente de desescalada y que se extendería hasta «los últimos días de junio», por lo que sería para «algo menos de un mes».
Así lo ha anunciado la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, en su comparecencia ante la Comisión de la Reconstrucción de la Cámara Baja, que busca alcanzar pactos de Estado que favorezcan la reactivación económica y social del país una vez superada la pandemia.
Calvo ha comentado que la declaración de este estado de alarma fue «el instrumento más impecable para que el control sobre las libertades y derechos las tuvieran sus señorías, la sede gubernamental, antes que ninguna otra forma».
Aún así, ha insistido que el país «saldrá pronto» del estado de alarma y ha invitado a reflexionar sobre una posible reforma de la legislación básica. El objetivo es que el Gobierno pueda responder ante la posibilidad de que se produzca un rebrote de la enfermedad y una situación «peliaguda sanitariamente hablando» con un instrumento distinto del estado de alarma.
A la espera que se inicien nuevas negociaciones
La vicepresidenta no ha querido avanzar nada al respecto, pero parece claro que el ejecutivo tendrá que volver a negociar con la oposición para conseguir una nueva extensión del estado de alarma. Con el PP enrocado en el no, todo pasaría por volver a convencer a Ciudadanos y PNV o que ERC volviera, al menos a la abstención.
Habrá que ver como se producen los contactos en los próximos días y sí realmente es posible llevar a cabo una última prórroga tras la que finaliza el 7 de junio. El Ejecutivo intentó ya en la quinta ampliación de la alarma cubriese toda la desescalada, pero aceptó limitarla a 15 días a petición de Ciudadanos, cuyo apoyo se hacía imprescindible para superar la votación.
Para que a finales de junio todos los territorios hayan concluido la desescalada sería necesario que las zonas que van más retrasadas como la Comunidad de Madrid, Barcelona y su área metropolitana y la mayor parte de Castilla y León, con las capitales de provincia incluidas, avanzasen más rápido de lo previsto, saltándose en algún momento los 14 días inicialmente previstos entre fase y fase, porque de lo contrario no concluirían la desescalada hasta los primeros días de julio.