A la preocupación por el rápido empeoramiento de la situación sanitaria en España se añade la inseguridad por el secretismo en torno a los asesores. El ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democráfico, encabezado por la vicepresidenta Teresa Ribera, ha rechazado facilitar el listado de personas que asesoran al Gobierno en la elaboración del plan de desescalada.
Así lo ha justificado el Gobierno: «entre el derecho al acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales, prevalece el segundo». También ha denegado el acceso a los informes elaborados por el grupo de expertos al considerar que son sólo borradores.
Tres meses después de la aprobación de la desescalada en cuatro fases y un mes después del final del confinamiento, los expertos e informes del grupo multidisciplina para la desescalada continúan siendo otro más de los secretos en torno a la gestión de la crisis por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
Aunque muchos ciudadanos usaron la Ley de Transparencia para conocer más detalles de esta actuación, no fue hasta el 1 de junio, con el levantamiento de la suspensión de los plazos, que el Gobierno empezó a contestar estas solicitudes.
Pero guardaba un as en la manga: la ampliación del plazo de respuesta en un mes más, una facultad que ha utilizado en la mayoría de las solicitudes dirigidas a Presidencia y Sanidad por el volumen de solicitudes dirigidas a este órgano.
El resto de ministerios van respondiendo a estas solicitudes con cuentagotas, y en algunos casos se niegan a facilitar la información solicitada. Es el caso de Transición Ecológica, que ha alegado que la protección de datos prevalece sobre el acceso a la información. Dado que las colaboraciones son personales, dice, la identidad de tales personas no puede ser publicada.
El ministerio se acoge al criterio de 2016 del Consejo de Transparencia y la Agencia de Protección de Datos sobre la información relativa a las agendas de los responsables públicos. Esta regla establece que la prioridad del acceso a los datos prevalece sólo cuando mayor es la responsabilidad del interviniente en la reunión.
Cláusula de confidencialidad
La decisión de ocultar los nombres y los informes contrasta con lo realizado por el ministerio de Ciencia e Innovación de Pedro Duque, donde tanto los expertos como los cinco informes científicos han sido publicados en la página web del ministerio.
Los nombres de este grupo ya se hicieron públicos el pasado 22 de abril cuando Duque y Ribera se reunieron con ellos. En cambio, los asesores para la desescalada tuvieron que firmar una cláusula de confidencialidad, aunque algunos miembros del grupo, a título persona, sí han revelado su participación en el mismo- es el caso del economista político Miguel Otero Iglesias.
La decisión también va en contra de lo establecido en la Ley General de Salud Pública, que exige transparencia e imparcialidad en las organizaciones científicas y profesionales y a las personas expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud pública.
La prevalencia de la transparencia en el ámbito de la salud pública ha sido confirmada en dos sentencias de la Audiencia Nacional ganadas por el Consejo de Transparencia. En una de ellas se dio la razón a la ciudadana que pedía acceso al expediente y los informes técnicos sobre el medicamente Ala Octa, que había causado casos de ceguera.