El Gobierno sigue adelante con su proyecto de reforma de las pensiones, pero se empiezan a notar las dificultades para incluir sus medidas más polémicas. Una de ellas, el castigo a la jubilación anticipada, ha sido descartada ante la previsión de una avalancha de despidos por los efectos de la crisis del coronavirus.
El departamento de Seguridad Social, dirigido por José Luis Escrivá, valora que penalizar la jubilación anticipada podría resultar un doble castigo para aquellas personas que se vean obligadas a la prejubilación.
Por eso se ha descartado penalizar a estas personas con un 8% menos en la nómina de la pensión por cada año de menos trabajado. Esta era, hasta ahora, la intención del Gobierno, pero finalmente ha decidido recular y preparará un régimen transitorio, probablemente de tres años, para poner en marcha los nuevos coeficiente de la penalización.
El ministerio de Seguridad Social tiene en cuenta la situación actual de crisis, que ha llevado a muchas grandes empresas a preparar planes de extinción forzados por la pandemia. Se trata de un golpe sin precedentes en la economía española, que podría acabar con 16.000 trabajadores en expediente de regulación de empleo (ERE) a las puertas de la jubilación.
La crisis económica derivada de las restricciones por la pandemia ha afectado a empresas de todos los sectores, desde la banca y las aerolíneas hasta la industria y los servicios. Algunos, como el turismo, el comercio y la hostelería, se han visto especialmente golpeados y preparan soluciones drásticas para sobrevivir, como la reducción de sus plantillas.
Los despidos que se prepararon a finales de 2020 empezarán a ejecutarse en breve, pero otros ya se han llevado a cabo. Todo viene a confirmar los temores del Gobierno, que a través del ministerio de Trabajo advirtió que muchos de los ERTE se convertirían en ERE por la prolongación de la crisis económica más allá de lo esperado.
Oleada de despidos colectivos
Una de las fórmulas utilizadas es el despido colectivo, y los primeros en salir por la puerta son los mayores de 50 años. Empresas como El Corte Inglés, Banco Santander, Naturgy, Coca-Cola e Iberostar ya tienen en marcha planes de ajuste que hacen prever despidos colectivos y prejubilación forzosas.
Esto coincide en el tiempo con el ambicioso plan de reforma de las pensiones del Gobierno, que quiere modificar el sistema actual para hacerlo sostenible. El ministerio de José Luis Escrivá busca a la desesperada fórmulas que le permitan garantizar la sostenibilidad de las pensiones, en la línea de las reformas que exige Bruselas para poder recibir los fondos de recuperación (140.000 millones para España).
Actualmente, en España la edad de retiro voluntario está fijada en 64 años y para ello se necesita tener 35 años cotizados. Por cada trimestre que se adelanta la edad oficial de jubilación (66 años) se quita un 2% de la base reguladora. En el caso de la regulación forzosa, se puede realizar hasta cuatro años antes de la edad legal, es decir, 62 años, y se necesita tener 33 años cotizados.
La Seguridad Social plantea ahora que los coeficientes sean calculados no por trimestres sino por meses, quedando así pensiones más bajas para las personas que se prejubilen. Forma parte del plan de Escrivá para desincentivar la prejubilación. Pero la cuestión genera un gran desacuerdo entre los agentes sociales y tiene pocas posibilidades de prosperar.
Se encallan las negociaciones
Tanto sindicatos como patronal discrepan de las medidas del ministerio y advierten de que no habrá avances en este apartado a corto plazo. No solo critican las propuestas del Gobierno, sino también las formas, argumentando que llevan las medidas a la mesa de negociación sin tiempo para estudiarlas y analizarlas.
El ministerio de Seguridad Social ha diseñado una reforma de las pensiones en dos fases que justifica la negociación por plazos. Pero sindicatos y empresarios consideran que esto les resta fuerza y poder de negociación, porque no tienen una visión de conjunto. Además, temen que el Gobierno empiece a presionar con un eventual bloqueo de las partidas de los fondos a medida que avance la negociación.
El otro foco de presión para el Gobierno es el Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria que sigue de cerca las iniciativas del Ejecutivo para que se ajusten a los acuerdos firmados en octubre. El 12 de abril, el ministro Escrivá está citado en el Congreso para que informe del estado de las negociaciones, una fecha en la que se empezarán a despejar las dudas que siguen abiertas, como el tema de las prejubilaciones.