Desde el inicio de la legislatura, el gobierno encabezado por Pedro Sánchez se ha marcado unos objetivos claros para cumplir a lo largo de los cuatro años que durará la misma. Muchos de ellos se centran conseguir que la economía española evolucione y se centre más en la innovación, pero a que la vez este desarrollo se pueda hacer respetando la apuesta que también hace el ejecutivo por combatir el cambio climático
Y es que buena parte de sus políticas se están centrando, precisamente, en este último aspecto. Es por eso que tenían entre sus grandes prioridades la llegada a las Cortes y su futura aprobación de la ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Esta regula un gran número de aspectos que van desde intentar conseguir un sistema eléctrico basado en 100% renovables para 2050, conseguir que en 2040 el parque automovilístico español sea un 100% de vehículos con emisiones de 0 g CO2/km o también disminuir hasta un 23% los gases de efecto invernadero en España en 2030.
Pero más allá de medidas más generales, uno de las principales apuestas que hacen desde el ejecutivo es la de reducir la movilidad en automóviles en los próximos años, hasta que realmente se haya producido la renovación a vehículos ecológicos deseada.
Y una de las maneras en que habrían pensado para reducir el número de vehículos de combustibles fósiles, como la gasolina o el diesel, no es otra que la prohibición de su circulación en zonas altamente contaminadas, como puede ser el centro de las ciudades.
La ley aprobada ya en comisión de Transición Ecológica del Congreso, aunque todavía tiene que pasar por el Senado, recoge la creación de una especia de 'Madrid Central' en la mayoría de ciudades españolas. Y esta medida llegaría mucho antes de lo que muchos españoles podrían pensar, pues la idea es que se creen estas zonas de baja emisión en los principales núcleos urbanos españoles a partir de 2023.
Además, tras su paso por la cámara baja, se ha endurecido todavía más la propuesta inicial. En un principio estaba previsto que solo se aplicará en aquellas poblaciones que suman más de 50.000 habitantes, pero una modificación de ERC, apoyada por los dos partidos del Gobierno, ha permitido que esta normativa se aplique en un futuro en las poblaciones de más de 20.000 habitantes. Se verían afectadas 416 ciudades de todo el país y que reúnen a unos 33 millones de españoles.
Las zonas de los municipios que tendrían que cerrar al tráfico son aquellas en las que «una Administración pública, en ejercicio de sus competencias» considere que es necesario «aplicar restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero». En ellas, los ayuntamientos deberán fomentar el desplazamiento a pie, en bicicleta, un mayor uso del transporte público, además de instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos.
Aprobada en el Congreso, aunque con acusaciones de falta de diálogo
En el texto inicial de la ley se aprobaron sobre unas 20 enmiendas de las 750 que habrían presentado los diferentes grupos parlamentarios. VOX votó en contra y PP y Más País se abstuvieron, consiguiendo sacarla adelante con el apoyo del resto de grupos, incluidos PNV y Ciudadanos, que pese a todo recriminaron al Gobierno su falta de diálogo para llegar a un acuerdo más amplio.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, vio aprobado uno de sus principales proyectos, pero no con el consenso que había pedido a los partidos. Algunos de ellos como Más País, donde se engloba la formación ecologista EQUO, justificaban su voto por el hecho de que el objetivo de reducción de emisiones está por debajo de lo marcado por Europa, y pide aumentar ese 23 a un 30%.