Pedro Sánchez durante la sesión del Congreso para alargar el estado de alarma el pasado 25 de marzo

Familiares de fallecidos se querellan contra Sánchez: El grave delito del que le acusan

Los miembros del Gobierno se enfrentarán a penas de entre tres meses y quince años si la demanda se admite a trámite

Más de 3.200 familias de fallecidos por Coronavirus se han querellado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otras 2.700 estudian sumarse a la denuncia impuesta ante el Tribunal Supremo por la gestión de la crisis. Las familias están representadas por un equipo de once abogados que imputan a Sánchez un grave delito: homicidio imprudente.

Ayer lunes, estos abogados en representación de 3.274 familias de fallecidos por Covid-19  presentaron ante el Tribunal Supremo una querella por homicidio imprudente contra Pedro Sánchez y los 22 ministros que componen el Ejecutivo por su gestión de la pandemia

Uno de los abogados es José Ignacio Sánchez Rubio, presidente de Derecha Liberal y  militante de Vox, y le acompañan otros conocidos de la derecha como Esteban Gómez Rovira, abogado contra la inmersión lingüística en catalán, aunque también está el defensor de la víctima de «La Manada», Carlos Bacaicoa, y otros menos mediáticos.

De hecho, la denuncia se fraguó alrededor de la Fundación Zaballos para la defensa de los derechos constitucionales y el equipo está formado por 80 abogados  y 10 procuradores, que se han distribuido la representación de los afectados por sorteo. La acusación particular será ejercida por un familiar de cada fallecido.

Entre los abogados están también Alberto de Enrique Arnau, de Legal Shopware, Carolina Rivas Trullols, especialista en delitos contra la salud, José Ignacio González Ochoa, experto en derechos del consumidor y cláusulas abusivas bancarias, la penalista Raquel Sánchez Navarro, y Tulio García O'Neill, experto en derecho civil y penal económico.

Otras 2.700 familias han presentado ya la documentación para sumarse a la querella, y los abogados no descartan ampliar la acusación durante la fase de instrucción a otras personas, como colaboradores necesarios, y a otros delitos, como prevaricación, omisión del deber de socorro, y contra los derechos de los trabajadores.

La acusación pide una pena de  entre tres meses y quince años de cárcel  para cada querellado dependiendo de la calificación final, por cada uno de los fallecidos. También se solicita, en concepto de responsabilidad civil, el pago a cada querellante de una indemnización de entre 50.000 y 300.000 euros por daños y perjuicios.

Esta es la denuncia más grave a la que se enfrenta el Gobierno de Pedro Sánchez en lo que va de crisis, pero durante todo este tiempo ya se han presentado  16 querellas contra el ejecutivo por su gestión de la crisis del Coronavirus. Las demandas han sido impulsadas por  médicos, colectivos de enfermeros,  funcionarios, Vox y particulares.