Los fabricantes de la vacuna contra el coronavirus piden al Gobierno inmunidad legal ante los posibles efectos adversos. Quieren que Sanidad cubra la responsabilidad en caso de fallos de seguridad derivados de la rapidez de la investigación.
La carrera para desarrollar una vacuna contra el COVID-19 va a contrarreloj. Las investigaciones están generando inquietud entre las compañías farmacéuticas que participan en la vacuna. La mayoría cree que el poder inmunizador será una realidad y que podría empezar a distribuirse y administrarse a finales de año. Así empezaría la cuenta atrás para frenar en seco esta pandemia que se ha cobrado miles de vidas en los últimos meses.
Sin embargo, no todo es alegría ante la vacuna. Los laboratorios y las empresas biotecnológicas que trabajan en las diferentes investigaciones temen las represalias. Y es que la posible aparición de efectos adversos inesperados que se obtengan una vez dado el visto bueno para la comercialización puede acarrearles consecuencias negativas.
La inmediatez con la que se necesita esta vacuna contra el virus impide que los investigadores detecten con gran exactitud los posibles fallos. Esto significa que es difícil afinar el porcentaje de eficacia y seguridad del producto antes de ponerse en el mercado.
Miedo a los daños colaterales
Podría ocurrir que las vacunas que se están desarrollando lleguen finalmente a administrarse y a medio plazo se compruebe que existe algún daño colateral inesperado para quienes se la pongan. Ante esto las empresas manifiestan que es una situación excepcional y se preguntan en quién recaería la responsabilidad. Este dilema está provocando un gran debate en la industria farmacéutica y se piden soluciones.
Varios de estos grupos que impulsan los ensayos acudieron a la Agencia Europea de Medicamento, EMA, para demandar una inmunidad legal frente a esta situación.
En Estados Unidos este blindaje existe para casos de pandemia. La legislación estadounidense exime de responsabilidad a las empresas ante lo que pueda ocurrir con los productos fabricados en estas condiciones especiales.
En Europa, según fuentes del sector, esta legislación es inexistente. Existe una especie de vacío legal y debería ser cada estado el que decidiera. Por lo que la EMA recomienda acudir a las autoridades de cada país para solucionar este problema.
En España, varias farmacéuticas han trasladado ya al Ministerio de Sanidad su preocupación, requiriéndole que sortee el vacío jurídico con algún tipo de fórmula legal que las libre de responsabilidad en caso de fallos de seguridad no detectados como consecuencia de la rapidez con la que se ha desarrollado la investigación.
Por el momento, Sanidad no se ha pronunciado. Las empresas no han recibido aún una respuesta oficial que delimite las condiciones en las que se tendría que aprobar esta vacuna.