Gobierno, empresarios y sindicatos acordaron el 25 de junio la prórroga de los expedientes de regulación de empleo temporal hasta el 30 de septiembre. Sin embargo, los rebrotes que se extienden por España y la aprobación de los fondos europeos para la recuperación han llevado a empresarios y sindicatos a pedir una nueva prórroga de los ERTE.
Los agentes sociales plantean al Gobierno la necesidad de abordar una segunda prórroga que se extendería hasta el 31 de diciembre. Así lo han confirmado los participantes de la mesa del diálogo social que discuten leyes como el teletrabajo o los expedientes de regulación.
El Gobierno puso en marcha los ERTE como mecanismo excepcional de protección tanto de las empresas como de los trabajadores, y con el levantamiento del estado de alarma, que llevaba a su extinción, se aprobó in extremis una extensión que empresarios y sindicatos trataron de fijar hasta el 31 de diciembre pero que al final quedó hasta el 30 de septiembre.
El Gobierno apostó por incentivar la vuelta de las empresas a la normalidad con rebajas en las cotizaciones de sus trabajadores. Los ERTE han supuesto un coste de 8.097 millones de euros en prestaciones, mientras que las ayudas a los autónomos y las exenciones en cotizaciones han llevado a la Seguridad Social a un déficit de 2.749 millones de euros hasta mayo.
La idea era dejar definitivamente los ERTE atrás por fuerza mayor para que las empresas se acogieran a expedientes por causas extraordinarias. Sólo en el último momento se incluyó la posibilidad de que las empresas retrocedieran desde la normalidad a la fuerza mayor a causa de los rebrotes.
Sin embargo, el mes de julio ha sido más difícil de lo esperado con complicaciones en Aragón, Cataluña, Navarra y brotes localizados en toda la geografía española. En los casos de mayor riesgo de transmisión comunitaria, las autoridades han decretado retornos a fases previas de alerta sanitaria con limitaciones de aforo y cierres de locales como ocio nocturno y gimnasios.
Liquidez a las empresas
Esto devuelve a muchos empresarios y trabajadores a la situación de hace unos meses. Esta situación también ha afectado la turismo: mientras que en el conjunto de España se han incorporado el 73% de los trabajadores, en Canarias y Baleares esta cifra no supera el 35%. En los negocios más estacionales, el temor es que el invierno sea aún más duro.
Teniendo en cuenta todas estas dificultades, empresarios y sindicatos ya plantean la necesidad de que el Gobierno prorrogue hasta diciembre el esquema de protección. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomas (ATA) y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, pidió ayer un plan nacional de liquidez para los próximos meses.
Su idea es que se aplique un plan plan nacional para asegurar la liquidez de las empresas mientras llegan las ayudas del fondo de reconstrucción europeo, a partir de abril de 2021, ante la previsión de que 400.000 autónomos y pymes solicitarán la línea de avales ICO.
Derogación de la reforma laboral
Gonzalo Pino, secretario de política sindical de UGT, recuerda que el impacto de los rebrotes ya se está dejando notar en las reservas turísticas y que es posible que a mediados de agosto se asista a un pico de ERTE. «Ya hemos planteado al Gobierno que hay que empezar a negociar la renovación de los ERTE y ofrecer cobertura hasta donde sea posible», ha dicho.
Su homóloga en CCOO ve urgente aprobar una prórroga antes del 30 de septiembre y poner el foco en territorios y sectores concretos, como hoteles, agencias de viaje y aerolíneas. Estos días, empresarios, sindicatos y Gobierno han avanzado en múltiples frentes.
Pero en el plazo de un mes deberán afrontar un calendario mucho más intenso. Además de la prórroga de los ERTE, los sindicatos consideran inaplazable la discusión sobre la derogación de la reforma laboral, y todo ello en el momento que se espera un mayor impacto del Covid-19 sobre empresas y trabajadores en forma de despidos y devaluaciones salariales en otoño.