En los tiempos de pandemia son muchas las personas que han prescindido de ciertos servicios, o que los contratan de forma fraudulenta. Uno de los colectivos afectados por este trato es el de los empleados del hogar, que suma hasta un 34% de trabajadores que efectúan su actividad sin estar dados de alta en la Seguridad Social. Además, alrededor de un 53% ha trabajado en su vida de forma irregular, así lo cita un informa de la empresa de selección de cuidadores Aiudo.
Otro de los datos que aporta es que un 46% de las empleadas reciben un precio por hora inferior al establecido, esto se debe a que en muchos casos se hace una mala interpretación de la legislación, o que simplemente se abusa de la cláusula. Esta decisión se ve condicionada por la subida del salario mínimo en un 30% en dos años, lo que ha propiciado que algunos contratantes hayan reducido el número de horas contratadas, o paguen en B.
Además, desde Aiudo alertan de la situación de economía sumergida en el sector, que puede ir en aumento a causa de la pandemia. «Tenemos bastantes casos de familias que han prescindido de estos trabajadores por el escenario actual de contagios de coronavirus y han optado por dar de baja» comenta el CEO de la empresa que ha realizado el estudio, Daniel Ibiza.
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Con respecto a esta cuestión, la Encuesta de Población Activa de Estadística señala una ocupación de medio millón de trabajadores en el sector, un número curioso si se compara con los 381.200 registrados por la Seguridad Social.
Regularizar el sector
La presentación del estudio coincide con la campaña del Ministerio dirigida por Yolanda Díaz, en la que mandó a 45.000 familias empleadoras regularizar la situación de sueldos y cotizaciones con este colectivo. Tras la primera tanda de misivas, desde la delegación del gobierno cuentan con 15.000 nuevos empleados que han visto regularizada su situación laboral. De hecho, Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo y Economía Social, ha apuntado la importancia de que estas medida «siga dando sus frutos».
A pesar de ello, desde Aiudo se reclama que aún existe un 30% de trabajadoras que siguen ocultando su actividad laboral. «Faltan herramientas para localizar a las personas que trabajan en negro, lo único que han hecho es aumentar el procedimiento sancionador» comenta el Ibiza.
Dentro del plan de Trabajo existían sanciones que podían ir desde los 6.250 euros a los 190.000 si no se daba de alta el trabajador, o su salario no se ajustaba al del SMI. Desde estas organizaciones se piden campañas de información y la habilitación de canales para denunciar estas situaciones.
«Hay que acabar con la sensación de impunidad reinante, ya que son situaciones peligrosas y algunos empleadores tienen la sensación de que la Inspección no va a intervenir», concluye el CEO de Aiudo.
El pago del salario mínimo
El salario mínimo que debe percibir una empleada del hogar para verse protegida frente a las regulaciones del Gobierno debe ser entre 950 y los 1.108,33 euros mensuales. Una tarifa de 7,43 euros la hora, lo que supone un abono anual de 13.300 euros brutos.
Al sueldo que se abona por parte del empleador, se le suma la cuota de cotización que permite regularizar la situación. El tipo de cotización en la SS está fijado en el 29,80% y cabe recordar que durante este curso, existe un 20% de reducción en la aportación empresarial a la cotización por contingencias comunes, un tipo de ayuda que fue aprobada en 2012. Por último, para las familias numerosas, existe una bonificación del 45%.