Una de las cuestiones que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene sobre la mesa desde su llegada a la Moncloa es la reforma del sistema de pensiones en nuestro país. Con la puesta en marcha del Ejecutivo de coalición, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se puso a trabajar en esta materia. Lo hizo con una meta clara: aproximar la edad real de jubilación en España con la edad legal establecida para el retiro profesional.
Desde entonces, el ministerio en cuestión trabaja sobre un nuevo modelo que ya está discutiendo con los agentes sociales. Empresas, sindicatos y Gobierno han tratado ya varios puntos de los que se compone esta reforma y avanzan en la consolidación de la propuesta definitiva. Cuando esté lista, arrancarán los trámites para su aprobación, que se prevé que se inicien en verano, para que la reforma entre en vigor el 1 de enero de 2022.
Recortes de hasta 8.200 euros para los que se jubilen dos años antes de lo que toca
Una de las cuestiones clave de la reforma es la voluntad de aumentar las penalizaciones a aquellos que anticipen su jubilación. Es una de las medidas con las que se busca incentivar que la edad real del retiro profesional en España se aproxime a la legal. Además, se busca 'redistribuir' estas penalizaciones, es decir, rectificar lo que ahora pierden las clases altas y las medias y bajas.
Ahora, los estratos sociales medio y bajo asumen recortes de hasta el 16% por el adelanto de la jubilación; en las rentas altas el impacto del recorte es del 4%. Con la reforma, se busca que las personas con pensiones más altas puedan sufrir penalizaciones de hasta el 21%. Esto desvela cuál va a ser el tope máximo de las penalizaciones a la jubilación anticipada en España: 8.225 euros anuales menos.
Evidentemente, nos referimos a las personas con derecho a percibir la pensión máxima en el caso de que quieran jubilarse dos años antes de la edad estipulada legalmente. La pensión máxima es de 14 pagas de 2.797 euros, que hacen un total de 39.000 euros anuales. Si se aplica el coeficiente reductor del 21% (establecido para jubilaciones anticipadas por dos años), deberían restarse 8.225 euros a estos 39.000.
Pero si, por ejemplo, en lugar de jubilarse 24 meses antes, se opta por una jubilación anticipada de 21 meses, la reducción disminuye sustancialmente. De los 8.225 euros menos se pasaría a 3.301, ya que el 'recorte' no es lineal, sino que busca impactar sobre todo en las jubilaciones que más se anticipen. Así, el Gobierno considera que, si se reconducen la mayoría de jubilaciones anticipadas de 24 meses a 20-21 meses, el ahorro para la Seguridad Social será suficiente para aliviar sus cuentas.
Por lo que a las pensiones medias y bajas se refiere, el recorte no llegaría al 21%, sino que quedaría reducido en torno al 16%, el coeficiente actual. Aun así, habrá que estar pendientes de cómo evolucionan en las próximas semanas las conversaciones entre el Gobierno y los agentes sociales. Lo que cuenta es el borrador final que salga del diálogo social, porque es el que se va a llevar a trámite de aprobación.
La entrada en vigor, el 1 de enero de 2022
El horizonte con el que trabaja el Gobierno es el de dar inicio al trámite de la reforma este mismo verano. Sería en otoño cuando se produciría su tramitación parlamentaria, y aquí el texto podría sufrir variaciones en el marco de las negociaciones con otros partidos. Con todo, su aprobación remitiría la entrada en vigor de la reforma al 1 de enero de 2022.