La dura negociación del Gobierno con los agentes sociales para prorrogar los expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) llega a un momento clave en condiciones de extrema precariedad. Mientras se presiona para que patronal y sindicatos lleguen a un acuerdo, en el Gobierno ni siquiera saben si podrán pagar las ayudas.
Y es que en el ministerio de Seguridad Social calculan que los ERTE desde el pasado marzo hasta la próxima Semana Santa costarán más de 30.000 millones, y el Gobierno ha gastado ya los 21.300 que recibirá como préstamo del fondo europeo.
De hecho hará falta al menos un 50% más, o de lo contrario no habrá dinero para sufragar los costes de la ayuda extraordinaria. Esto ha abierto una nueva fractura entre Gobierno y patronal, en concreto entre José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, y Antonio Garamendi, jefe de los empresarios. El enfrentamiento entre ambos es ya más que conocido.
Garamendi acusa a Escrivá de excluir de los nuevos ERTE a algunos sectores para beneficiar a otros, mientras que el ministro no esconde su preocupación por el coste de la factura de los ERTE y busca por todos los miedos ahorrar dinero y tener un fondo de reserva por si la situación se complica el año que viene.
Por eso propone exonerar el 80% de las cuotas de la Seguridad Social a los sectores más castigados, como el turismo, pero excluye a otros como el textil. Según Garamendi, es una estrategia del ministro para dividir a los empresarios que tiene resultados nefastos: muchos comercios tienen que acabar echando el cierre.
Además, desde la patronal consideran que la exoneración no sirve de nada sin otras ayudas para salvar a las empresas: «La exoneración tiene que ser para todos e incluso para los que no pueden ni reabrir su actividad. No se puede ayudar igual a un hotel del norte de España que ha funcionado bien en verano que a otro de Canarias que sigue cerrado».
En su defensa, en el ministerio aseguran que se está dando cobertura a un abanico muy amplio de empresas, pero también reconocen que ante la falta de recursos no es posible establecer ayudas generalizadas. Además, Escrivá se niega a pagar las ayudas con cotizaciones sociales y exige transferencias del Estado, en contra de la opinión del ministerio de Hacienda.
La transparencia, la única solución
Ante el bloqueo de las negociaciones, el ministerio de José Luis Escrivá confía en el liderazgo de los sindicatos y la patronal para que acepten las ayudas sólo para sectores dañados. Su intención es evitar que se acaben extendiendo ayudas a otros sectores simplemente por su poder o influencia en las organizaciones de empresarios y trabajadores.
Pero patronal y sindicatos se están haciendo fuertes y cuentan con el apoyo del sector de Podemos, con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al frente, para conseguir una solución que contente a todos los sectores, sin discriminación.
El equilibrio es muy difícil, pero si los agentes sociales se acaban imponiendo las exigencias para las arcas del Estado pueden llevar a serias dificultades para hacer frente a los pagos. La única solución pasa por afrontar las negociaciones con total transparencia para saber con qué dinero público se puede contar y gastarlo con eficacia.