La Policía Nacional de Ceuta ha detenido en las últimas horas a seis personas de nacionalidad española, tres adultos y tres menores de edad, como presuntos responsables de al menos media docena de «agresiones, amenazas y robos con violencia» a jóvenes extranjeros no acompañados que sobreviven en la zona portuaria intentando llegar a la Península como polizones y foráneos acogidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) local.
El máximo responsable de la Jefatura Superior, Andrés Martín Garrido, ha señalado este miércoles en declaraciones a los periodistas que todos los arrestados son nacidos en la ciudad autónoma. Los mayores de edad permanecen detenidos y no pasarán a disposición judicial hasta este jueves, mientras que los otros tres han sido citados durante los próximos días por la Fiscalía de Menores.
«Estamos en pleno proceso de investigación para confirmar o no su participación en los hechos de los que hemos tenido conocimiento durante el último mes, cinco o seis sucesos en los que siempre se habla de lo mismo: amenazas, agresiones y robos con violencia sobre menores que viven en el Puerto o inmigrantes del CETI, pero sin que por el momento exista un nexo de unión entre ellos», ha añadido.
No se aprecia «componente de delito de odio»
Garrido ha asegurado que «en principio» las primeras pesquisas policiales no han apreciado «un componente de delito de odio».
La Fiscalía de Ceuta acordó a mediados de enero incoar diligencias de investigación a través de la Policía Nacional sobre la denuncia de varios menores extranjeros no acompañados (MENA) que en Navidad declararon haber sido víctimas de una agresión con «bates y palos de hierro» por parte de «tres adultos» de la ciudad que, además, les habrían amenazado con volver «cada viernes» para darles «la misma paliza».
Cuatro de las presuntas víctimas trasladaron los hechos al personal del Proyecto de Prevención de la Delincuencia de Menores Extranjeros Solos en las calles de Ceuta (Premedece) que implantó en 2018 de la mano del Observatorio Criminológico del Sistema Penal ante la Inmigración (OCSPI) de la Universidad de Málaga, que a su vez los puso en conocimiento del Área de Menores de la Ciudad Autónoma.
El personal que atiende a los MENA que rechazan la tutela de la Administración y prefieren vivir en las escolleras del Puerto y zonas anexas, cuyo número habitualmente ronda la cuarentena, alertó ya entonces de que «no era la primera vez» que niños de la calle referían haber sufrido «episodios similares».