El descontento de parte de la población de Madrid con la gestión de la crisis del Covid-19 por parte del gobierno de la Comunidad vuelve a la calle. Tras las primeras manifestaciones en las zonas con restricciones, plataformas vecinales, movimientos sociales, sindicatos y los partidos de la oposición han convocado una manifestación unitaria el próximo domingo 27 de setiembre exigiendo un cambio en la forma de afrontar la situación de pandemia y contra «las medidas inútiles» del Gobierno de Ayuso.
Y para ello los convocantes (Asociación de Defensa de la Sanidad Pública, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, además de CC.OO, UGT y Podemos, IU, Más Madrid y el PSOE madrileño) han emitido un manifiesto con una serie de medidas para aplicar. Entre ellas un «plan riguroso» que incorpore las medidas sanitarias necesarias en toda la región: contratación de hasta 2.000 rastreadores, reforzar el personal de los laboratorios y el material para hacer PCR y también el personal sanitario en los centros de atención primaria.
Exigen la creación de un comité científico que «pilote y controle todas las decisiones sanitarias» y «intensificar la vigilancia e inspección de los centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad». Se pide reforzar el transporte público, el personal docente en los colegios además de en los servicios sociales. También se solicita la «compatibilidad de la Renta Mínima de Inserción con el Ingreso Mínimo Vital» .
Denuncias de caos o frivolidad en la gestión de Díaz Ayuso
Junto a esta serie de exigencias, los firmantes del manifiesto denuncian la «política frentista» del Gobierno de Ayuso y la falta de diálogo o búsqueda de consenso para buscar una respuesta unitaria a la pandemia. Hablan que el gobierno ha tenido un comportamiento «errático, temerario, insensible e incapaz de adoptar las decisiones adecuadas» y de estar sumido en el «caos».
Entre otros hechos denuncian la «desastrosa gestión de las residencias de mayores se cobró la vida de más de 8000 personas», el 11% del total de residentes.
Se carga también contra el gobierno regional por el «vaciamiento de recursos de los centros de salud de Atención Primaria» para destinarlo al hospital de IFEMA. Hecho que provocó el «abandono de la prevención y el seguimiento sanitario en los barrios y municipios». Se critica la clausura del hospital de campaña en «un acto irresponsable de propaganda y autobombo, aunque la ocupación de las UCI de la red hospitalaria regional seguía por encima de sus cifras habituales».
Entre otras, el texto también recoge quejas sobre los conocidos menús de Telepizza, «desoyendo la voz autorizada de expertos y dietistas» o las promesas sobre «aviones cargados de material médico que no llegaban o no eran tales».