Crece la tensión entre Guardia Civil y Gobierno por las investigaciones de la benemérita por la autorización por parte de altos cargos del ejecutivo de las manifestaciones del 8-M a pesar de la situación epidemiológica del país. La noticia llega sólo pocas horas después de haberse conocido la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos por falta de confianza.
Mientras siguen lloviendo las acusaciones al Gobierno de haber cesado al coronel de la Guardia Civil por cuestiones políticas y de interceder en la causa judicial, el cuerpo policial al cargo de la investigación ve indicios suficientes para investigar al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón.
El informe de la Policía Judicial del Instituto Armado investiga posibles responsabilidades penales en la autorización de las marchas feministas, y señala a Fernando Simón por haber suspendido un congreso evangélico sólo unos días antes para evitar contagios, lo cual demostraría el doble rasero y que eran conscientes del riesgo.
Altos mandos del cuerpo encargaron a la Comandancia de Madrid un atestado para intentar esclarecer a qué órgano oficial se dirigió el informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades del 2 de marzo, en el que se aconsejaba evitar aglomeraciones multitudinarias. Según las pruebas, se remitió a la Delegación del Gobierno de Madrid.
El cuerpo trata de dilucidar si las autoridades remitieron recomendaciones sanitarias a la Delegación del Gobierno en relación con las manifestaciones programadas desde el 5 de marzo en adelante, o si se dio algún tipo de instrucción o indicación escrita relativa a que las manifestaciones deberían tener lugar en todo caso sin restricción alguna.
Cese fulminante
La juez instructora, que hoy mismo ha recordado a Interior que sólo aceptará informes de la Guardia Civil, encargó que este cuerpo aclarase si la delegación del Gobierno o las autoridades sanitarias hicieron advertencia alguna sobre los riesgos sanitarios que conllevaba acudir a esas concentraciones y se suministraron medidas de prevención a los asistentes de esas reuniones o manifestaciones, como guantes o mascarillas.
El domingo, el ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska requirió información precisa al mando de la Benemérita sobre las diligencias de la Unidad de Policía Judicial de dicha comandancia realiza por orden de la juez de instrucción sobre las actuaciones de las autoridades con antelación al estado de alarma y confinamiento.
La unidad investiga posibles responsabilidades penales del delegado del Gobierno en Madrid y las autoridades sanitarias por autorizar las marchas del 8-M, el acto de Vox en Vistalegre y el partido del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.
El coronel Pérez de los Cobos respondió que no podía ofrecer tal información porque el caso lo lleva dicha unidad que trabaja bajo las órdenes de la juez instructora, y la reacción del ministro fue su destitución fulminante.