Aragón ha aprobado su nueva ley sobre la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital que llevaba un año tramitándose y que finalmente ha recibido luz verde por parte de todos los partidos parlamentarios de la región, una ayuda de hasta 522 euros para personas vulnerables para «hacer frente a sus necesidades básicas».
Como el nombre de la ley ya muestra, esta ayuda estará destinada a personas que, por unas razones u otras, hayan visto rechaza su petición del Ingreso Mínimo Vital y que reúnan algunas condiciones de vulnerabilidad, de manera que el gobierno aragonés pretende complementar la ayuda estatal con otra autonómica para ampliar el número de personas que puedan acogerse a esta ayuda pública.
Aunque algunos medios han publicado la noticia de esta ley centrándose en que la ayuda irá destinada a inmigrantes que se empadronen en la región, la realidad es que la ayuda podrá pedirla cualquier persona que cumpla los requisitos de vulnerabilidad, independientemente de su lugar de procedencia.
Además, aunque el borrador sí que exigía tener residencia legal en Aragón, la nueva Ley aprobada ha eliminado esa exigencia, pero sí que será necesario que el solicitante de esta ayuda esté empadronado en la región y resida en ella de forma «efectiva».
Así, la nueva ley, publicada este miércoles, 26 de mayo, en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), establece que esta prestación será «periódica» y de «carácter social y naturaleza económica» como un derecho «subjetivo» de las «personas que carezcan de ingresos suficientes para hacer frente a sus necesidades básicas y cumplan los requisitos establecidos en esta ley».
El texto establece que esta prestación «queda condicionada a la solicitud del ingreso mínimo vital o de cualquier otra prestación o pensión a las que tenga derecho la unidad de convivencia con carácter previo», por lo que será de carácter «subsidiario, y en su caso, complementario».
Personas que pueden pedir esta prestación
Las personas que quieran solicitar esta ayuda deberán cumplir los requisitos de la ley, entre ellos estar «empadronadas y con residencia efectiva» en Aragón y que estén en situación «de vulnerabilidad económica» y «no cumplan todos los requisitos para ser titulares del IMV».
Aquellas que sí cumplan las condiciones para recibir el IMV, pero cuya cuantía sea insuficiente para hacer frente a los gastos básicos, podrán pedir esta ayuda complementaria, cuya cantidad recibida se adaptará para alcanzar el mínimo necesario requerido por la persona solicitante.
Podrán pedir la ayuda las personas entre 18 y 30 años que vivan solas o que compartan domicilio con una unidad de convivencia y no puedan acceder al IMV por no cumplir con los requisitos de acceso, siempre y cuando demuestren que el domicilio en el que conviven no es el mismo en el que viven sus progenitores, tutores o acogedores durante los doce meses anteriores a la solicitud, y lleven por lo menos 9 meses de alta en la Seguridad Social.
También podrán pedirla las personas de entre 18 y 22 años que hayan estado bajo tutela pública y ahora pretendan emanciparse, pero requerirán estar adscritos a «un programa de autonomía y/o transición a la vida independiente de responsabilidad pública» durante los dos años anteriores a la solicitud
Los menores emancipados que tengan personas dependientes a su cargo o con discapacidades también pueden pedir esta prestación, así como las unidades de convivencia en las que haya menores a cargo y que estén a la espera de regularizar su situación para poder pedir el IMV. Las personas solicitantes deberán tener un informe favorable por parte de los Servicios Sociales.
Las mujeres y unidades familiares víctimas de la violencia contra la mujer también podrán pedir la ayuda, así como personas que soliciten asilo o refugio hasta que se tramite su solicitud de asilo.
El texto incide en que «las personas beneficiarias deberán haber solicitado, con carácter previo a la Prestación Aragonesa Complementaria, todas las pensiones y prestaciones públicas vigentes a las que pudieran tener derecho» y aclara que la cantidad recibida será de hasta 522 euros, o la parte proporcional si los solicitantes ya cuentan con alguna otra ayuda.
El gobierno de Aragón ha querido cortar algunos rumores que corrían por las noticias publicadas por algunos medios en las que se aseguraba que los inmigrantes en situación irregular podían pedir la ayuda, algo que las autoridades han negado rotundamente. El ejecutivo aragonés ha informado que solo las personas que tengan regularizada si situación podrán pedir esta prestación, es decir, aquellas que cuenten con un permiso de residencia legal.