El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 19 de mayo, el proyecto de Ley de Cambio Climático que marcará las pautas hacia una sociedad más sostenible tras la superación de la crisis del coronavirus. La nueva legislación contempla que España sea neutra de emisiones de dióxido de carbono (CO2) de cara al 2050, según ha informado la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, en rueda de prensa.
Según Montero, la transición energética y la lucha contra la emergencia climática serán «dos grandes ejes de cimientos» del gobierno central a la hora de marcar la reconstrucción social de España. El nuevo proyecto ha sido catalogado de «intergeneracional» y «para todo el país», asegurando que se sustentará en el Acuerdo Verde Europeo y en la «transición justa» los próximos años.
Reducción drástica de la contaminación en 2050
El proyecto de Ley contempla la desaparición del CO2 en 2050, año en que el 100% de la electricidad deberá ser renovable. Asimismo, en 2030 las emisiones de CO2 ya se deberán haber reducido un 20% respecto a 1990, mientras que el gobierno calcula que la transición ecológica puede atraer más de 200.000 millones de euros de inversión hasta 2030, generando entre 250.000 y 300.000 empleos netos al año.
Las reducciones se enmarcan en los acuerdos alcanzados en la Comisión Europea y en el Acuerdo de París. Unos parámetros que contemplan que, hasta llegar al 100% de la electricidad renovable en 2050, este aspecto ya deberá alcanzar el 70% en 2030.
Los planes claves para tirar adelante la nueva Ley
A fin de cumplir con los objetivos marcados en la Ley, se irán implementando planes de Nacionales de Energía y Clima (PNIEC), siendo el primero entre 2021 y 2030 y que permitirá reducir un 23% las emisiones y duplicar el porcentaje de renovables en el consumo final hasta el 42% a finales de esta década.
Asimismo, las energías limpias en el sistema eléctrico deberán ser del 74% y la eficiencia mejorará en un 39,5%. Unos datos que permitirían que el Producto Interior Bruto (PIB) crezca un 1,8% en 2030, creciendo de 16.500 a 25.700 millones de euros. Este proyecto también deberá contar con la Estrategia a Largo Plazo 2050 que el gobierno debe aprobar alrededor de la reducción de las emisiones.
El plan contempla la creación de un Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética con expertos que aborden el proyecto con recomendaciones y evaluaciones. Sus informes se debatirán en el Congreso de los Diputados, mientras que las comunidades autónomas deberán informar de sus planes en este campo a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático.
Afectaciones a los vehículos
La Ley también contempla que todas las administraciones del estado, desde los ayuntamientos hasta el gobierno central, trabajen para que el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sean de 0 emisiones de CO2 en 2050. La reducción de emisiones tendrá que ser progresiva y la implementación de este nuevo parque irá acompañada de medidas y de apoyo a I+D+i.
Nuevas zonas de bajas emisiones
Asimismo, en las poblaciones de más de 50.000 habitantes, los ayuntamientos deberán establecer «no más tarde de 2023» zonas de bajas emisiones en su planificación de ordenación urbana, así como medidas de mitigación para reducir las emisiones de la movilidad, y medidas para facilitar la movilidad a pie o en bicicleta, otros medios de transporte activo y mejorar el uso del transporte público.
En esa línea, también apuesta por impulsar la movilidad eléctrica compartida y el transporte eléctrico privado. Aún más, el anteproyecto establece que cualquier medida que se quiera adoptar y que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones que ya existan deberán contar con un informe previo del Ministerio y del órgano autonómico competente en la materia.
Sin nuevos proyectos para energías no renovables
A través de planes específicos, se fomentará el uso de gases renovables, incluido el biogás, el biometano, el hidrógeno y no se prevé autorizar nuevos proyectos en energías fósiles, al tiempo que los beneficios fiscales a los productos de origen fósil deberán estar justificados por motivos de interés social o económico.
El proyecto normativo no prevé nuevas autorizaciones para explorar permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos ni de fracturación hidráulica en toda España.
La ley llevará aparejados instrumentos como el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que está en información pública y también contempla la integración de los riesgos derivados del cambio climático en la planificación y la gestión del agua y la costa, en las infraestructuras, la ordenación del territorio y los usos de suelo y la seguridad alimentaria.
En particular, se reconoce la relevancia de la política agraria común, la de desarrollo rural y la forestal. El texto introduce medidas para reducir la vulnerabilidad del cambio climático en los suelos agrícolas y forestales y en los montes y contempla la elaboración de un mapa de vulnerabilidad.
Por otro lado, la ley buscará promover y reforzar el conocimiento del cambio climático en la sociedad para lo que revisará el tratamiento de esta materia en el currículo básico de la educación formal y no formal, así como en los planes universitarios y el Catálogo Nacional de Cualificación profesional.