Andrea Picazo, fallecida a manos de marido en Villanueva de la Jara (Cuenca) el 2 de noviembre de 2013

‘Su padre acabó con la vida de su madre, y ahora tienen miedo de verle por la calle’

El asesino confeso aún no ha pagado las indemnizaciones pero recibe permisos para salir a la calle constantemente

El 2 de noviembre de 2013, en Villanueva de la Jara (Cuenca), Andrea Picazo murió a manos de su marido y padre de sus hijos. Desde entonces, el hermano de Andrea, José Antonio, viene denunciando las irregularidades de la justicia sobre este caso. La última, los permisos de los que disfruta el asesino y que no dejan vivir tranquilos a los niños.

«Ya han pasado ocho años y ahora su asesino no hace más que pedir permisos para salir unos días alegando buen comportamiento», lamenta Josean en Nius, «parece que todos los privilegios van a parar a los asesinos y violadores».

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José Antonio denuncia que el hombre que mató a su hermana y dejó huérfanos a sus hijos fue condenado a 15 años de cárcel y le rebajaron la pena a 12 y medio «por darles una indemnización a mis sobrinos». Los hijos de Andrea tenían 5 y 11 años cuando su padre mató a su madre. El más pequeño lo vio todo. Josean se hizo cargo de sus sobrinos desde entonces, pero vive con dolor las primeras salidas del asesino.

Tres días antes de las pasadas Navidades, el hermano de Andrea recibió una carta: su verdugo salía de la prisión unos días. «Tuve que contárselo a mis sobrinos y a mi madre de un día para otro», recuerda, «mi sobrino tiene 12 años y dejó de comer y de dormir, me preguntaba todo el tiempo si podía salir de casa. Tenía pavor de encontrarse con su padre». En marzo disfrutó de otro permiso, y ahora volverá a salir a la calle.

«Somos las víctimas las que que no podemos pasar página», se queja Josean, que estos últimos años se ha acostumbrado a luchar para que se haga justicia. Hace un tiempo inició una batalla para que sus sobrinos cobraran una pensión digna, ya que Andrea no tenía 15 años cotizados y a los niños les tocaba una paga de 75 euros trimestrales. Ahora, él y su abogada han presentado un escrito oponiéndose a la concesión de los permisos.

No ha pagado nada

Josean alega que el asesino confeso de su hermana aún no ha cumplido con lo que se le exigía de la sentencia. Además, duda del arrepentimiento de una persona que «no ha hecho frente a las indemnizaciones a las que fue condenado y que demostrarían cuanto menos la buena intención del mismo, su ánimo de reinserción y el arrepentimiento». 

Según la sentencia, el autor confeso del crimen tenía que hacerse cargo de las costas del juicio. Unos 32.000 euros que ha fecha de hoy aún no ha pagado y que «han abonado sus hijos como acreedores del crédito». Entonces, Josean no entiende por qué le dan permisos cuando llevan siete años esperando que pague sus deudas y la indemnización a sus hijos.

Las demandas de José Antonio

Su petición es clara: «Que pague por lo que hizo». La familia de Andrea pide que el asesino cumpla lo que dice la sentencia, y hace un alegato: «O cambiamos las leyes, o las víctimas lo vamos a pasar muy mal». El asesino tiene una orden de alejamiento de 500 metros de sus hijos, pero cuando sale de permiso se va a un pueblo que está relativamente cerca. «Al final, a los que nos coartan la libertad es a nosotros», lamenta.

La queja que ha presentado ante la justicia especifica que «la concesión de permiso, unido a la prohibición de acercarse y comunicarse, haría que las víctimas no pudieran ir libremente por su localidad, con el temor de encontrarse con el penado, dado que se trata de localidades pequeñas y situadas a escasa distancia». 

También considera que «se ha de valorar la existencia de víctimas menores de edad, y pluralidad de víctimas, resultando nuevamente aconsejable la revocación del permiso». Según Josean, «lo que va a pasar es que en unos años él saldrá a rehacer su vida y sus hijos y nosotros no viviremos en paz». Y lamenta que «la que seguro que no podrá rehacer nunca su vida es mi hermana».