La naturaleza de las penas radica en el estado de Julen cuando salga del pozo. Si Julen continua con vida cuando sale del pozo, el primer delito que se debe tener en cuenta es un delito de lesiones por imprudencia. Si no sobrevive, los cargos serán de homicidio con imprudencia.
Los responsables serían el dueño de la finca, David (también es la pareja de una prima de la familia) y Antonio Sánchez, que también sería responsable en el caso de que se demuestre que no cerró correctamente el agujero.
El responsable sería el encargado de indemnizar a los padres de Julen y hacerse cargo de los costes del operativo de rescate, calculado a día de hoy en 600.000 euros.
A ello habría que sumar los daños ecológicos, es decir, los daños producidos en fincas adyacentes o cercanas a causa del operativo y el desmantelamiento del terreno.
Obras ilegales previas a la tragedia
Días antes de que Julen cayera al pozo, se sabe que se realizaron obras en la zona, las cuales, según Antonio Sánchez, provocaron que se moviera la piedra que se había colocado en el agujero. La empresa de construcción se enfrenta a penas como responsable de unas obras ilegales.
Cabe recordar que la Junta de Andalucía debe autorizar dichas obras, y si no fue así, como parece, también el Ayuntamiento se sumará a multar al dueño de la finca, pues permitió que las obras sin permiso avanzaran hasta su conclusión.
La Confederación de Aguas también se suma a las denuncias y multará al dueño de la finca y al pocero por la naturaleza ilegal del agujero. Al primero lo denunciará por no pedir los permisos necesarios para la ejecución de dicha obra en sus terrenos, es decir, abrir un pozo ilegal. Al pocero, por no verificar la legalidad de los permisos que se requieren para llevar a cabo el pozo. Dicha pena económica, agravada por la caída de Julen, podría ser de 300.000 euros.
El operativo de rescate sigue trabajando muy duro para poder rescatar a Julen lo antes posible.