Primer plano de Fernando Simón informando de la evolución de la crisis del coronavirus en la Moncloa

Fernando Simón, contra las cuerdas: ‘Tiene diez días para contarlo'

Siete meses después de la petición, Transparencia da diez días de plazo a Sanidad para publicar los nombres del comité asesor del Gobierno

Otra mala noticia para el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, que finalmente se verá obligado a revelar la identidad de los miembros del comité asesor del Gobierno en el coronavirus. Así lo establece el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en una resolución demoledora para el ministerio de Sanidad.

La polémica arranca cuando en el mes de mayo un ciudadano reclamó ante Transparencia la publicación de los nombres y apellidos de quienes formaban parte del comité de expertos. Una información que Simón se negó a dar alegando protección de datos.

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Según las explicaciones que dio entonces el doctor, esos datos no se podían facilitar porque expondría a los integrantes del comité de expertos a presiones que no les permitirían trabajar con suficiente libertad. Empezó entonces un debate sobre si prevalecía el derecho a la privacidad de los expertos o el derecho de los ciudadanos a la información.

La única realidad hasta ahora es que, siete meses después, los nombres de quienes forman el comité de expertos que asesora el Gobierno en decisiones trascendentales sigue siendo un misterio. En una ocasión, el Gobierno llegó a insinuar ante el Defensor del Pueblo que este comité no existía. 

Sin embargo, el comité no solo existe sino que deberá salir a la luz, porque Transparencia entiende que la publicación de la identidad de sus integrantes no vulnera su privacidad sino que «contribuye al control de la actividad pública y a que los ciudadanos conozcan el proceso de toma de decisiones relevantes en materia de salud pública».

No respetó los plazos

Transparencia no solo reprende a Sanidad por haber ocultado los nombres sino también por su actitud en torno a este tema. Considera que el ministro, Salvador Illa, no respetó los plazos, interpretó la normativa según sus intereses y ocultó información al Consejo de Transparencia.

Así lo establece en un informe publicado en las últimas horas, donde da a Sanidad un plazo de diez días para «publicar el número, nombre y apellidos de los expertos» que supuestamente han asesorado al Gobierno durante la pandemia, y sobre todo en el plan de desescalada del confinamiento.  

Transparencia reprocha a Sanidad que esperar tres meses para aceptar la solicitud de la persona que reclamó la información, y tampoco comparte que rechazara su petición. En el escrito recuerda que la ley de transparencia no dispone de aplicaciones de plazos para disponer de más tiempo para preparar una resolución y acabar rechazándola. 

Según Transparencia, la prolongación de los plazos solo estaría justificada para recabar la información necesaria para ofrecerla a los ciudadanos: «La Administración ha realizado un análisis jurídico de la solicitud y ha entendido que no puede proporcionar la información requerida, algo que podría haber hecho en un plazo mucho más breve de tiempo». 

No vulnera la privacidad

Fue en septiembre cuando Sanidad se dirigió al reclamante para razonar su negativa a proporcionar la información. Entonces argumentó que los expertos del comité asesor son «personal público que no tiene la consideración de alto cargo ni personal directivo» y que las decisiones sobre la desescalada correspondía a la Dirección General de Salud.

Fernando Simón fue el encargado de defender la tesis de Sanidad, alegando que la publicación de los nombres afectaría a la protección de datos de carácter personal. Sanidad consideró que todos esos argumentos eran suficientes como para negarse a sacar a la luz los nombres. Algo que Transparencia acaba de tumbar con su informe.

El Consejo de Transparencia pone en conocimiento de Sanidad una serie de resoluciones y de normativas que justifican la obligación de revelar los nombres del comité asesor. En base a esas normativas se considera que los datos son meramente identificativos y no vulneran los límites de la protección de datos.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es un organismo independiente encargado de velar por la transparencia de la actividad pública y garantizar el acceso de los ciudadanos a la información. Tiene personalidad jurídica propia y capacidad para obrar de forma pública y privada.