Urgente: La Justicia tumba el cierre de Madrid decretado por el Gobierno

Consideran que limita derechos fundamentales

Policía Local de Madrid para a un motorista en un control de las restricciones de movimiento en Puente de Vallecas
Los cuerpos de seguridad realizan controles aleatorios en las entradas a las zonas afectadas   | EFE

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha denegado la ratificación de las medidas acordadas en el apartado tercero de la Orden de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por la que se establecen medidas preventivas en determinados municipios de la región en ejecución de la Orden del ministro de Sanidad por la que se aprueban actuaciones coordinadas en salud pública. 

El motivo que alegan es que no «contiene una habilitación legal», que incluyen las restricciones de movimientos en hasta 10 municipios de la Comunidad de Madrid, afectan a los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos. 

Los magistrados precisan en su resolución que «se está ante un marco legal que difiere sustancialmente del que fue objeto de análisis, coincidiendo con la ratificación de las medidas sobre áreas sanitarias, de 24 de septiembre y 1 de octubre».

Argumenta que como reconoce el propio letrado de la Comunidad de Madrid, lo que se solicita en esta ocasión es «la ratificación del mandato obligado del ministro de Sanidad por el que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-COV-2».

«Esta Orden del ministro de Sanidad se dicta al amparo del artículo 65 de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Conforme a ello, el ministro de Sanidad aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública aprobadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, obligando con ello a las Comunidades autónomas destinatarias», señala el TSJM.

La resolución aclara que es el artículo 65 de la referida ley el que cita el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la Orden comunicada de 30 de septiembre de 2020 como único título legal habilitante de la potestad administrativa ejercitada en la mención del citado acuerdo y la emisión de la Orden comunicada, cuya ejecución lleva a cabo la Comunidad de Madrid.

El texto de los magistrados insiste en si realmente ese artículo 65 constituye un marco real que «autoriza la restricción de derechos fundamentales y libertades públicas». Habla de la necesidad de que «por Ley Orgánica, e incluso mediante Ley Ordinaria, se permita la adopción de medidas concretas que limiten el ejercicio de determinados derechos fundamentales». 

Acaban lanzando una dura crítica a la actuación del gobierno central: «Ante el escenario sanitario descrito no se abordara una reforma de nuestro marco normativo más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia del Covid-19».  


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