Salvador Illa en segundo plano escucha atento la comparecencia del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez

El Gobierno deja en manos de las autonomías confinarnos en casa: Cómo pueden hacerlo

El nuevo estado de alarma que entra en vigor este lunes elimina la obligatoriedad del 'toque de queda'

El estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado 25 de octubre ha vencido la medianoche de este lunes, 9 de noviembre, a las 00.00 horas de la noche. A partir de ese momento, el texto vigente es el que se prorrogó para los próximos seis meses en el Congreso de los Diputados, pero que cuenta con una diferencia importante respecto al que ha estado vigente las últimas dos semanas.

En el texto aprobado el 25 de octubre, el estado de alarma imponía un 'toque de queda' o confinamiento nocturno en todo el país, con la excepción de las islas Canarias, con un horario base de 23.00 horas a 06.00 horas, aunque las comunidades autónomas tenían flexibilidad para modificar ese horario una hora hacia arriba o una hora hacia abajo. Muchas, de hecho, lo impusieron a partir de las 00.00 horas, limitando al máximo posible su aplicación en el tiempo, aunque finalmente lo han acabado modificando y ampliándolo hasta las 22.00 horas.

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A partir de este lunes, sin embargo, el 'toque de queda' ya no es obligatorio en todo el país. Desde hoy, y hasta el próximo mes de mayo, las comunidades autónomas tienen absoluta libertad para mantenerlo, levantarlo o reinstaurarlo, en el caso de ser necesario. Todo lo demás seguirá como hasta ahora: las autonomías tienen libertad para modular las restricciones en función de cómo afecta la pandemia a su territorio en cada momento, y de hechos muchas de ellas ya han pisado el acelerador en cuanto a restricciones en los últimos días, como es el caso de Andalucía, Asturias, Galicia o Murcia. 

Las autonomías pueden decretar confinamiento domiciliario a través de la Ley de Salud Pública

¿Y qué pasa con el confinamiento domiciliario? Muchas autonomías han pedido al Gobierno revisar el texto del estado de alarma para incluir esta medida, ya que en el actual no está recogida, y por lo tanto, las autonomías no pueden decretar este confinamiento bajo este aval. El Ejecutivo se ha ofrecido a valorar la medida, aunque ha pedido tiempo para observar si el resto de medidas son lo suficientemente eficaces para evitarlo. 

Aun así, desde el Ejecutivo ya se ha ofrecido una alternativa a las regiones que han pedido confinar a la población: la Ley de Salud Pública. Hasta que se decretó el estado de alarma el 25 de octubre, esta ley fue el aval que la mayoría de autonomías utilizaron para tomar medidas como las restricciones de aforo y el resto de limitaciones que se han ido imponiendo en las últimas semanas. 

Redactada en 1986, la actual Ley de Salud Pública contempla la posibilidad de que las regiones limiten los derechos de los ciudadanos, como la movilidad o el derecho de reunión, en una situación de brote descontrolado de una enfermedad o de una pandemia, como el actual caso. Bajo su tutela, los gobiernos regionales han establecido sus planes para intentar frenar la expansión del virus, aunque, visto lo visto, sin éxito. 

Ahora, el Gobierno indica que las autonomías pueden seguir valiéndose de esta ley para decretar el confinamiento domiciliario, por lo que la decisión recaería únicamente en ellas, y no en el Ejecutivo central. De hecho, la ley permite que este tipo de medidas sean más «quirúrgicas» y se impongan en las zonas donde la transmisión del virus esté más descontrolada. 

Los jueces pueden tumbar las medidas

El 'obstáculo' que presenta esta ley es que, para que las medidas puedan entrar en vigor, tienen que recibir el aval de un juez, y no siempre ha sido el caso. En Cataluña, por ejemplo, se intentó confinar la ciudad de Igualada y otros municipios cercanos durante la primera ola, antes del estado de alarma del 14 de marzo. El día anterior, 13 de marzo, la Generalitat ordenó el confinamiento de la zona, pero no llegó a entrar en vigor la norma porque 24 horas después se decretó el estado de alarma. 

Antes de eso, la Fiscalía ya se planteó recurrir la norma al considerar que atacaba a los derechos fundamentales. Y lo mismo ocurrió al principio de la segunda ola, cuando empezaron a detectarse grandes brotes entre los temporeros del Segrià, en Lérida.

En aquella ocasión, la Generalitat ordenó el confinamiento de toda la comarca, de forma perimetral pero también domiciliaria, pero un juez tumbó la medida y el gobierno catalán tuvo que reducir la obligatoriedad a una simple «recomendación».

También en Castilla y León, Aragón y Madrid se han tumbado diferentes medidas restrictivas, lo que demuestra que las comunidades no tienen absoluta libertad para tomar decisiones bajo la tutela de la Ley de Salud Pública.

Estos precedentes son los que temen las comunidades autónomas, y por eso han pedido al Gobierno que incluya la medida entre las posibilidades dentro del texto del estado de alarma. De no ser así, los jueces podrían tumbar el confinamiento domiciliario decretado en alguna comunidad autónoma si considera que el ataque a los derechos fundamentales es desproporcionado con la situación epidemiológica de la zona.

Así, las autonomías defienden que no tienen cobertura jurídica suficiente para decretar un confinamiento domiciliario. Varias ya han pedido que se cambie el actual estado de alarma, como Asturias o el País Vasco, pero el Gobierno sigue defendiendo que las regiones tienen las herramientas necesarias para imponer medidas. Y se limita a pedir tiempo para valorar el efecto de las medidas actuales sobre la curva de contagios.

Mientras, algunas regiones como Andalucía y Asturias ya están en niveles de hospitalizaciones similares o superiores a los de la primera pandemia, y otras como Cataluña, La Rioja o Aragón tienen más del 40% de las UCI ocupadas por pacientes Covid-19 mientras se notifican más de 20.000 casos nuevos al día en todo el país.