La propuesta de Feijóo para evitar el estado de alarma

El presidente de la Xunta ha enviado a Pedro Sánchez un borrador de la reforma de la ley orgánica de salud pública con medidas y requisitos

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa tras la reunión del consello en Santiago de Compostela
El presidente gallego tiene la solución para gestionar la pandemia con seguridad jurídica | EFE/Lavandeira jr

Pedro Sánchez podría tener la solución al embrollo en el que se encuentra metido el Gobierno en la Comunidad de Madrid, y llega de la persona más inesperada, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Este ha entregado al presidente del Gobierno una propuesta de reforma de la ley de salud pública para una mejor gestión de la pandemia.

El presidente gallego anunció que su intención es «asegurar la seguridad jurídica, los derechos de los ciudadanos y el funcionamiento correcto de los operadores judiciales en España». La reforma de la ley permitiría evitar el estado de alarma como instrumento excepcional.

Este ha sido el gran quebradero de cabeza del Gobierno los últimos meses: cómo garantizar las restricciones sin una ley actualizada que ofrezca garantías jurídicas. Con una amalgama de leyes antiguas como único instrumento, el Ejecutivo ha ido improvisando llegando a conflictos con la oposición y algunas comunidades autónomas sobre la autoridad y las medidas.

La propuesta de Feijóo, que responde a la petición del propio Sánchez a los presidentes autonómicos, es según ha dicho «constructiva, leal y está hecha por expertos asesores de la comunidad autónoma, que beben de fuentes del Tribunal Constitucional». 

Uno de los principales objetivos de la reforma sanitaria que Feijóo ha hecho llegar a Sánchez es acabar con el estado de alarma como medida excepcional, ya que «no es adecuado acudir a él para el control sistemático y diario de la pandemia». Hay que disponer, dice, de una legislación adecuada que ofrezca «amparo legal para adoptar medidas». 

La reforma es una actualización de la ley para que las medidas que se vayan adoptando tengan un amparo legal suficiente y no haya que ir acudiendo a los tribunales en cada decisión. Se trata, en palabras del presidente gallego, de dotarse de «mecanismos útiles para poder hacer nuestro trabajo».

Tampoco ha dejado escapar la oportunidad de atizar al Gobierno, lamentando que lleve meses sin llevar a cabo ninguna reforma en ese sentido. En todo caso, ha subrayado que la propuesta llega desde la máxima lealtad al Gobierno central, y con la voluntad de dar seguridad jurídica.

Medidas y requisitos

Feijóo propone una ley donde se recoja, por un lado, un catálogo de medidas que se puedan aplicar de forma inmediata y con seguridad jurídica, y por otro lado, los requisitos que se tienen que cumplir, al verse afectados derechos individuales y privados.  

Entre las medidas propuestas se incluye el control de los enfermos a través de medidas de aislamiento, el sometimiento de sus contactos a cuarentena, la vigilancia del estado de salud a personas con síntomas, medidas profilácticas de prevención de la enfermedad (incluida la vacunación) y el control del entorno inmediato de los enfermos y sus contactos.

Es aquí donde debe recogerse la limitación o restricción de la circulación o movilidad de las personas, control de la salida y entrada de una zona, restricciones de las reuniones sociales y otras medidas que ahora solo puede hacerse mediante el estado de alarma o solicitándolo al tribunal correspondiente, con la demora y el riesgo de rechazo que ello supone.

En cuanto a los requisitos, la reforma propone que se adopten las medidas con urgencia pero de forma motivada, bajo el principio de precaución, y previa publicación en el boletín oficial. Estas medidas deben ser siempre temporales, con la suficiente información al ciudadano y respaldadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

Al tratarse de una colisión con derechos y libertades fundamentales, hace especial mención al respeto a la dignidad de las personas y la colaboración voluntaria de los afectados como prioridad. En todo caso, no se podrán ordenar medidas obligatorias que conlleven riesgo para la vida y se deben utilizar las medidas que menos perjudiquen a las libertades de las personas.


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