El pasado 20 de septiembre el Juzgado de lo Social número 42 de Madrid ha fallado a favor de Antonio David. Este considera que el despido es nulo, vulnerando algunos derechos del afectado, y ha condenado a la productora de Sálvame a abonarle más de 80 000 euros.
La emisión del documental de Rocío Contar la Verdad para Seguir Viva trajo consigo unas consecuencias para el excolaborador. Tras anunciarse el estreno de este formato, él quiso restarle veracidad y aseguró que la principal motivación era el dinero.
Tras el primer episodio, fue despedido fulminantemente momentos antes de que diera comienzo el programa vespertino. Desde ese momento, el andaluz interpuso una demanda contra la productora, La Fábrica de la Tele, por despido improcedente.
Durante los últimos meses, muchos rostros conocidos del espacio han pasado por los juzgados para declarar y ofrecer su versión de los hechos. Tras varias sesiones, la jueza encargada de instruir el caso ha dictado sentencia y ha supuesto un duro golpe para Sálvame y el Gobierno de Sánchez.
La sentencia a favor de Antonio David que devuelve el golpe a sus detractores
El pasado 22 de marzo del 2021 el excolaborador fue despedido de puesto de trabajo, desde entonces comenzó una batalla judicial contra los que habían sido sus jefes.
En la sentencia se recogen todos los datos que envolvieron el suceso y muestra al detalle como se desarrollaron los acontecimientos. Según esta, el padre de Rocío Flores estaca convocado para acudir al programa el día posterior a la emisión del documental.
Matiza que a las 15:00 horas del 22 de marzo la dirección decidió desconvocarle y una hora más tarde recibió la notificación de su despido a través de su representante. La sentencia asegura que muchos de los compañeros eran conocedores del contenido, pero que prefirieron el espectáculo que ofrecieron.
Sin duda alguna, el mayor batacazo se lo han llevado algunos integrantes del Gobierno de Pedro Sánchez y el programa vespertino. La jueza ha emitido unas duras palabras contra las declaraciones que se han realizado y no ha querido dejar que nadie salga impune.
Esta ha querido señalar la delicada situación a la que se ha enfrentado el acusado. No solo el despido, sino, también, el juicio público que se le ha hecho desde la cadena y el ejecutivo. "Es un riesgo señalar a Antonio David con la palabra maltratador porque no hay sentencia" según recoge el Periodista Digital.
Esta frase responde a las contantes declaraciones que realizaron personas relevantes de la esfera política, como Irene Montero o Adriana Lastra. En sus intervenciones tacharon al extertuliano de maltratador y dejaron clara su opinión a pesar de la inexistencia de una sentencia que le condenara por ello.
Tal ha sido la repercusión que ha tenido la intervención política en este caso que la jueza relató una escena llamativa. En la sentencia figura la escena en la que Jorge Javier lee un tuit de la ministra de Igualdad en el que asegura que Rociíto era víctima de violencia de género.
Ante estas acusaciones, la magistrada no daba crédito a la magnitud que alcanzó el juicio público motivado por trabajadores de Sálvame. De hecho, carga duramente contra Carlota Corredera por incitar esta situación y no haberse parado en estudiar la situación.
Por todo ello, se ha impuesto una condena a la cadena con la que debe indemnizar a Antonio David. Por un lado, 32 361 euros correspondiente a la cantidad que habría percibido hasta el final de su contrato. Por el otro, 50 000 por vulnerar el derecho al honor, alcanzando los 82 361 euros la cuantía total que debe percibir el afectado.
Esta sentencia ha supuesto un duro golpe para todos los implicados en el juicio público que se ha llevado a cabo. Además, reabre el debate sobre la participación de la política en los programas de la prensa rosa. Aun así, el golpe que han recibido todos, en especial el ejecutivo de Sánchez, les hará reflexionar antes de emitir cualquier acusación sin fundamento legal.