Las pensiones de los próximos años podrían estar en peligro. Las prestaciones representan un 40% del gasto de las cuentas públicas que prepara Hacienda, algo que supone un gran gasto público.
Aunque no habrá una reforma como las vividas en 2011 y 2013, lo cierto es que pueden llevarse a cabo algunas transformaciones que afectarían a los ciudadanos cuya edad se encuentra a menos de cinco años de la jubilación. El objetivo de esta transformación no sería otro que acabar con el déficit de la Seguridad Social.
Con la vista puesta en 2025, todo parece indicar que la edad de jubilación legal llegará a los 67 años. Mientras tanto, los grupos parlamentarios están centrando sus negociaciones en los cambios asumibles a corto y a medio plazo.
Jose Luis Escrivá, ministro de Inclusión y Seguridad Social, será quién cierre las comparecencias ante la comisión. A partir de ahí los paridos negociarán las recomendaciones para que el Gobierno las aplique.
Al parecer la sostenibilidad del sistema de pensiones se ha puesto más en duda que nunca tras la crisis del Coronavirus. La cuantía de las cotizaciones no cubre las necesidades que tiene la Seguridad Social, que destina unos 10.000 millones de euros al mes para abonar todo tipo de pensiones. La deuda del organismo con el Estado ha aumentado ya hasta los 55.000 millones. Y en el Fondo de Reserva apenas quedan 1.500 millones.
Iñigo Barandiarán, diputado del PNV en el Pacto de Toledo asegura que «Una de las reglas propuestas es que todo lo que no sea sistema de pensiones propiamente dicho, salga del mismo». Además añade que «las cotizaciones de los trabajadores financien aquellas prestaciones fundamentalmente contributivas o ligadas de forma estricta al ámbito de solidaridad».
El objetivo de la comisión es que el pago de las prestaciones como las de orfandad o las SOVI recaigan sobre el Presupuesto y que se excluyan de la Seguridad Social.