El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa durante una cumbre en la Unión Europea

Urgente: Llevan a Pedro Sánchez a los tribunales por 50 millones de euros

La denuncia presentada incluye también al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Alfonso Jiménez.

La gestión de la crisis del coronavirus por parte del Gobierno de España ha sido cuestionada desde el inicio. 

Los partidos políticos de la oposición y ciudadanos de a pie han mostrado su disconformidad por una gestión que, a su parecer, ha servido para aumentar las cifras de fallecidos en nuestro país. 

A partir de este momento, cuando la pandemia ya empieza a ser controlada,  muchos reproches irán acompañados de denuncias al Gobierno y peticiones de investigación por la gestión de la crisis.

Denuncia a tres bandas

De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya han sido denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción  por malversar supuestamente más de 50 millones de euros durante la crisis del Covid-19

La denuncia también incluye al director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Alfonso Jiménez, acusados todos de cometer «presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales» de compra de material sanitario, según recoge la denuncia a la que ha tenido acceso 'Libertad Digital'.  

La denuncia de 24 páginas recoge que el decreto del Gobierno aprobado el pasado 12 de marzo «abría la puerta a malgastar, sin ningún criterio lógico, el dinero público, ya que se concedía un crédito extraordinario de 1.000 millones de euros, al Ministerio de Sanidad», afirma la denuncia.

Supuesto incumplimiento de la Ley de Transparencia

Según el escrito, el director de Ingesa, Alfonso Jiménez, firmó a partir de ese momento hasta un total de 41 contratospor Procedimiento de Emergencia, una situación que supone para los demandantes el «incumplimiento de la Ley de Transparencia por parte del Ministerio de Sanidad». 

«Haciendo uso de una  total opacidad incumplió la Ley de Contratos del Sector Público, al no publicar la identidad de los proveedores y ocultar la información en el Portal de Transparencia a los ciudadanos», señala la denuncia.

Además, el documento recoge la falta de información del Gobierno, que no comunicó el nombre de los proveedores adjudicatarios de dichos contratos hasta que «la presión mediática doblegó la resistencia del gobierno que dispuso, a su pesar, la publicación en la Plataforma de Contratación del Estado», indica el documento. 

En todo caso, la denuncia sostiene que «se ha ocultado el nombre de los intermediarios españoles que han contratado en China para el Ingesa».

Compra de batas, guantes y desinfectantes

Las actuaciones presuntamente delictivas llevadas a cabo por el ministro Salvador Illa y el director de Ingesta generaron, según la denuncia, «un sobrecoste escandaloso de los contratos que adjudicaron a empresas radicadas en China». 

La denuncia incluye a Pedro Sánchez  porque ninguna de las millonarias adjudicaciones «fue cesada por quien tenía la potestad de hacerlo, que no es otro que el presidente del gobierno del reino de España, Pedro Sánchez» señala el documento. 

Según recoge la denuncia, las empresas españolas venden al Ingesa las batas sanitarias en precios que oscilan entre los 0,27 y 1,86 euros, mientras que las chinas rondan los 15,58 y 22,07 euros.

Lo mismo sucedería con la solución desinfectante, cuyo precio en China incrementaría su precio en un 354%, y los  guantes  adquiridos en China pueden llegar a ser hasta un 277% más caro que los de la empresa nacionales. 

La denuncia insiste en que estas cifras «nos obliga a preguntarnos quienes son los intermediarios españoles en la operación y a donde va todo el dinero malgastado, con  incrementos entre precios españoles y precios chinos que pueden alcanzar hasta el 8.174 %». 

Además, señala que la malversación cifrada en 50 millones de euros sólo incluye los contratos realizados para la compra de estos tres productos: batas, guantes y desinfectantes. 

Sin embargo señalan que también «existen irregularidades en los contratos del suministro de monos desechables, de los hisopos y el de los 640.000 test defectuosos que adquirió el gobierno en un contrato que superó los 500 millones de euros» recoge la denuncia. 

«Nos preguntamos entonces ¿cuál es la malversación en el resto de los contratos?  ¿cuál es el total que se alcanza?» se preguntan los demandantes.