Fotografía de un agente poniendo una multa

Miles de multas de tráfico en España, reducidas tras un varapalo a la DGT

La AEA denuncia que la Dirección General de Tráfico no tiene en cuenta el margen de error y se aprovecha de la situación

La Dirección General de Tráfico (DGT) se ha llevado un nuevo golpe judicial por no aplicar el margen de error en los radares en las multas de velocidad.

Cinco nuevas sentencias judiciales han evaluado los recursos planteados por automovilistas y se ha reducido a una tercera parte las sanciones que Tráfico había impuesto, según Automovilistas Europeos Asociados (AEA). 

En todos estos casos, la DGT había castigado a los culpables con una multa de 300 euros y la pérdida de dos puntos del carnet de conducir. 

Pero ahora, los tribunales han manifestado que como mucho se podría imponer una sanción máximo de 100 euros y ningún punto, «porque a la velocidad que aparece consignada en la foto hay que descontar el margen de error que tiene el aparato».

La DGT se aprovecha de estos casos

Además, la AEA ha querido recordar que a finales de 2019 el Gobierno vasco empezó a aplicar el margen de error en las sanciones y ha citado muchos otros casos similares a estos. 

También han pedido que un caso que está en proceso de juicio en Valencia se «estime parcialmente la demanda planteada con relación a la aplicación de los márgenes de error atendiendo a las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Valencia», con el objetivo de evitar la posibilidad de condena. 

Este vehículo fue capturado llevando una velocidad de 122 km/h en un tramo con límite de 90 km/h y fue sancionado con 300 euros y la detracción de dos puntos del carnet. 

Sin embargo, aplicando el margen de error, según la Abogacía del Estado, la multa debería ser de 100 euros y sin retirada de puntos. 

«Todas estas nuevas sentencias judiciales vienen a reforzar aún más la denuncia que nuestra asociación viene realizando desde hace más de 10 años respecto de la ilegalidad de millones de multas impuestas por excesos de velocidad», ha manifestado Mario Arnaldo, el presidente de AEA. 

«Sin embargo ya es hora de que la DGT, el Servei Catalá de Tránsit y una docena de ayuntamientos dejen de aprovecharse de la situación de inseguridad jurídica que existe en materia de multas de tráfico», ha continuado.  

«Al no existir la posibilidad de que el Tribunal Supremo, con su jurisprudencia, aclare y unifique el criterio a seguir —dada la pequeña cuantía de cada uno de estos pleitos—, obligan innecesariamente a los ciudadanos a tener que acudir a los tribunales para defender sus legítimos derechos, en una especie de lotería judicial».