Pedro Sánchez llegó triunfante de Bruselas con el fondo de recuperación europeo bajo el brazo: 140.000 millones de euros para afrontar la recuperación en España. El resto, ya es bien conocido. Sánchez lo defiende como un hito histórico, pero la oposición le acusa de haber firmado un rescate en toda regla que traerá dolorosos sacrificios.
La verdad es que antes de empezar las negociaciones ya se preveía que las ayudas no serían gratis y que los países receptores tendrán que hacer reformas y planes de ajuste. Además, se llegó al acuerdo tras cuatro días de un durísimo tira y afloja entre los países.
La principal discusión aquellos días en Bruselas fue el carácter que debían tener las ayudas. El sector de países liderados por Francia y Alemania, donde se encontraba España, pedían subvenciones a fondo perdido. Los llamados países frugales eran partidarios de un préstamo con condiciones y lograron obtener un compromiso de control directo y vigilante sobre las reformas exigidas a los países receptores de las ayudas.
El fondo del debate, en el caso de España, pasa por la gravedad de la crisis económica pero también por las intenciones del gobierno de coalición. Y de hecho, antes de cerrarse el acuerdo en Bruselas, los presidentes de Francia y Alemania, Emmanuel Macron y Angela Merkel, tenían encima de la mesa un suculento informe de los servicios de inteligencia sobre esta cuestión.
El informe secreto advertía de la intención del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias: la liquidación del sistema de la transición. Macron y Merkel pusieron entonces como condición para que España recibiera las ayudas que Sánchez echara del Gobierno a los ministros de Unidas Podemos y formara un nuevo Ejecutivo con más estabilidad institucional.
El informe recibido por los mandatarios de esos países semanas atrás establecía que el fondo de recuperación sólo llegaría a España con la premisa de cumplir el programa de la Unión Europea. Eso implica que Pedro Sánchez debe renunciar a su política de aumento del gasto pública y consolidar la competitividad de España con varias reformas.
Las exigencias en ese sentido pasan por una reforma laboral más dura incluso que la que aprobó en su momento Mariano Rajoy. Esto echaría por los suelos definitivamente uno de los puntos básicos de los acuerdos de legislatura impuestos por Podemos: la derogación íntegra de la reforma laboral.
Además, el rescate lleva implícita la prohibición de cualquier gasto improductivo y una vigilancia exhaustiva del gasto público, además del recorte en la administración con la reducción de ministerios, asesorías, empresas públicas innecesarias y otros derroches.
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A partir de eso, Macron y Merkel tienen claro que si España quiere beneficiarse del fondo de recuperación tiene que renunciar a la mayoría de las políticas sociales que Podemos quiere imponer, y que la mayoría de los líderes europeos consideran populistas e inviables. «Europa no tolerará que España dispare el déficit y la deuda», decía el informe.
La negativa a la subida de impuestos soñada por Podemos, la exigencia de austeridad en la reforma laboral y el sistema de pensiones, y la obligación de reducir los ministerios, hacen que Francia y Alemania vean necesario un cambio de Gobierno en España, sin Podemos y con otras fuerzas políticas ofreciendo estabilidad institucional.
La preferencia de la inversión sobre el gasto productivo es la base sobre la que se asientan los fondos de recuperación, además de la austeridad y la reducción del gasto público. Sánchez ya tiene los millones, ahora habrá que ver hasta cuándo resiste su gobierno de coalición la asfixiante presión que llega desde Bruselas.